Carlos Rodrigo Peña Vega
/ El 29 de agosto, el pueblo islandés está llamado a las urnas para decidir si reanudar las negociaciones con Bruselas sobre una eventual adhesión a la Unión Europea, las cuales fueron suspendidas en 2013, o si continuar con la relación actual en el marco del Espacio Económico Europeo y el Espacio Schengen.
En aquel momento, diversos factores internos, principalmente económicos, frenaron el proceso. Hoy, al igual que en otros países, el gobierno islandés considera necesario reevaluar la situación, pero ahora por razones externas, contradiciendo la tendencia histórica.
En este caso la propuesta responde en parte de los cambios más recientes en la relación con Estados Unidos, específicamente las amenazas por tomar el control de la vecina Groenlandia y las declaraciones de Billy Long, nominado a embajador en Islandia que en enero “bromeó” con que el país se convertiría en el estado 52 de la unión americana. Así, la volatilidad de la política exterior de Washington ha obligado a Reikiavik a replantearse la relación con sus vecinos europeos, y este no es un caso aislado.
Ahora bien, para Bruselas, este reavivado interés por la integración con el bloque debe aprovecharse al máximo sin importar la decisión que tome el electorado islandés. En la década pasada, la ampliación pasó de ser uno de los grandes proyectos de prosperidad económica y estabilidad de la Unión a un tema secundario al fondo de la lista de prioridades.
Hoy, tanto la situación con Rusia como el giro en la postura estadounidense están convenciendo cada vez más a los mismos gobiernos europeos de que la ampliación debe volver a la agenda pero ahora por motivos políticos, no sin antes aceptar los retos, principalmente institucionales, que representaría.
De este modo, Montenegro, Ucrania y Moldavia han logrado recientemente avances importantes en sus procesos de adhesión, mientras que, en el caso específico de Islandia, de ganar el sí en la votación, su camino sería significativamente más sencillo y corto que el resto por el elevado nivel de integración que ya de por sí existe entre ambas partes.
Con este panorama, desde la perspectiva económica, una eventual ampliación traería un mercado más grande, inversiones potenciales y mayor integración de las cadenas de suministro. Para socios como México, esto se traduciría en un mayor alcance de las exportaciones bajo el nuevo Acuerdo Global Modernizado, más oportunidades de inversión en el país, y una alternativa de diversificación frente a Estados Unidos y China.
Así pues los beneficios económicos, una vez sorteados los eventuales retos, serían innegables; no obstante, las implicaciones más importantes serían sin duda las del ámbito político: una tendencia favorable a la ampliación, desde el exterior, significaría que Bruselas está logrando consolidarse como un actor cuyo principal atractivo es la seguridad económica, jurídica y política, mientras que desde el interior significaría que los estados miembros están aceptando que en este momento los beneficios estratégicos de crecer superan a los costos que pudiera tener.
Desde México el referéndum en Islandia parece algo lejano y que poco nos debería importar, sin embargo, las implicaciones de un posible sí van más allá de lo obvio. Hoy en día, fortalecer y consolidar alianzas con socios confiables en estos tiempos de incertidumbre debería ser una prioridad táctica, y una Europa más grande y unida reforzaría la idea de que, como país, esa firma del 22 de mayo fue un paso en la dirección correcta.
Carlos Rodrigo Peña Vega
