Luis Rubio
/ En la novela El libro de la risa y el olvido de Milan Kundera, el protagonista Mirek intenta erradicar la memoria de un incidente distante con el mismo fervor despiadado con que los gobiernos comunistas del este de Europa borraban fotografías inconvenientes de políticos venidos a menos o construían una nueva realidad a partir de mitos fácilmente explotables en una población carente de información alternativa. Kundera reproduce ese mundo surrealista para evidenciar la forma en que las mentiras públicas y la manipulación de lo cotidiano engendran mitos y creencias entre la población que acaban siendo igual de distorsionadas que las verdades oficiales.
Todos los gobiernos intentan construir una narrativa que explique y justifique su actuar; en eso no hay novedad ni sorpresa alguna. Lo extraño del partido en el poder en la actualidad es su peculiar propensión por concebir su función como si estuviera situado a mitad del siglo pasado, la era que Kundera describe. El mundo de Kundera (y el del PRI de entonces) pudo existir porque la información se controlaba desde el poder y la ciudadanía sabía sólo lo que sus voceros comunicaban. El problema de intentar una faena como esa en la actualidad es que es sumamente difícil conciliar el acontecer cotidiano (que se conoce por múltiples fuentes, nacionales y extranjeras) con la pretensión de una verdad oficial, máxime cuando el gobierno vive a la defensiva en lugar de anticipar los eventos.
Morena tiene una estructura política y de narrativa que busca conciliar la represión política que ejerce a través de la creciente concentración del poder (y que pretende seguir anclando en la ley fundamental) con su peculiar definición de democracia. La represión se puede observar en la forma en que el gobierno y su partido han ido eliminando instancias y entidades independientes del gobierno que le permitían a la ciudadanía protección respecto a actos de autoridad (como la dilución del amparo); excesos y abusos por parte de de empresas y sindicatos (como las comisiones de competencia o telecomunicaciones); acceso a la información (como el INAI); o, el más fundamental de todos: elecciones libres y representación efectiva (INE y Tribunal electoral).
En las democracias consolidadas, el gobierno tiene que ganarse su chamba y su legitimidad todos los días: un gobierno puede contar con elevados números en su popularidad y, sin embargo, perder la siguiente elección, como le ocurrió a George HW Bush en 1992. Para Morena, la legitimidad del gobierno se explica por el voto del día en que ganó la elección. Todo el resto es irrelevante, razón por la cual no encuentra razón alguna para procurar el apoyo generalizado de la población o, incluso, reconocer que puede haber personas que discrepen de la línea partidista o verdad oficial. No sobra recordar que en la pasada elección por el nuevo poder judicial se argumentó que el 12% que acudió a las urnas constituía una mayoría contundente mientras que el 88% restante no era más que una minoría fascista.
El concepto de democracia liberal parte del principio de que se trata de una forma de gobierno que le responde a la ciudadanía a través de mecanismos de representación (que varían de país a país). El ciudadano se encuentra en el centro de la democracia y son sus derechos los que limitan el actuar abusivo de la autoridad, para lo cual hay instrumentos específicos de acción. Para Morena esa definición es absurda e irrelevante: lo importante son los votos de inicio que le confieren el derecho de gobernar para sus huestes y sin obligación alguna de rendir cuentas a la ciudadanía en general. De ahí que su concepción de la democracia sea literal a diferencia de liberal.
El problema para Morena -y para México- es que el intento por conciliar la represión política con la democracia implica no sólo desdeñar a quienes no son parte de su movimiento, sino sacrificar oportunidades de desarrollo frente al objetivo de control permanente del aparato gubernamental. Es decir, no se puede pretender ser una democracia a la vez que se eliminan mecanismos de expresión o protección de la ciudadanía.
Desde luego, la mexicana no es la única sociedad que se encuentra bajo acecho (baste mirar hacia el norte), pero la debilidad de las (pocas) instituciones independientes que quedan en México implica un rápido avance hacia un sistema dictatorial. En la medida en que avanza ese proceso se vuelve cada vez más difícil, si no es que imposible, conciliar la noción de democracia con la naturaleza del gobierno realmente existente.
Todo lo cual conlleva a la pregunta crucial de qué tan sostenible es un régimen crecientemente centralizado que no resuelve el problema de seguridad de la población, especialmente la extorsión; que no logra superar su impactante propensión a la corrupción; y que no genera crecimiento suficiente para mantener y nutrir sus propias prioridades presupuestales. Si a lo anterior se agrega la presión que viene del norte, donde se concibe al crimen organizado mexicano como un asunto de seguridad nacional para ellos, la interrogante clave es realmente de supervivencia para un gobierno que ni siquiera parece tener la intención de adquirir una identidad propia.
Como decía Cantinflas, “nuestro gobierno no es ni muy malo, ni muy bueno, sino todo lo contrario.”
