Luis Rubio
/ En su excelente historia sobre el ascenso y caída del liberalismo, Adrian Wooldridge* argumenta que esa filosofía político-económica revolucionó al mundo y le aportó enormes beneficios, pero su éxito acabó encumbrándolo en el poder, con lo que abandonó su propia lógica insurgente. Enquistarse en el poder entraña un giro inevitablemente conservador porque, de súbito, ya hay algo que preservar. Desaparece la lógica de cambio para ser reemplazada por la protección de los grupos e inte
Luis Rubio
/ En su excelente historia sobre el ascenso y caída del liberalismo, Adrian Wooldridge* argumenta que esa filosofía político-económica revolucionó al mundo y le aportó enormes beneficios, pero su éxito acabó encumbrándolo en el poder, con lo que abandonó su propia lógica insurgente. Enquistarse en el poder entraña un giro inevitablemente conservador porque, de súbito, ya hay algo que preservar. Desaparece la lógica de cambio para ser reemplazada por la protección de los grupos e intereses que otrora promovían una transformación.
Todos los movimientos y gobiernos experimentan el mismo proceso de ascenso, consolidación y declive. La lógica del poder es implacable e incontenible y trasciende ideologías y liderazgos.
La forma y tiempo del ciclo del poder depende de la solidez del gobierno o movimiento y de la sustentabilidad de sus políticas. Y es ahí donde el gobierno actual enfrenta un enorme reto: sus estrategias contradicen sus objetivos y su capacidad política para modificar esas políticas es mínima.
La contradicción nodal radica en el choque entre el objetivo de preservar la lealtad de la base clientelar sin provocar el desarrollo de una ciudadanía en forma. AMLO lo expresó con singular claridad en numerosas ocasiones: la clave para la retención del poder radica en preservar a la base pobre y dependiente de transferencias desde el gobierno, pero siempre con esperanza. En palabras suyas, “cuando una persona pobre se vuelve de clase media, deja de ser leal.” Por lo tanto, la estrategia económica no radica en la promoción del desarrollo, sino en la preservación del statu quo. Y es justamente ese objetivo el que choca con la posibilidad de retener el poder.
A la estrategia económico-clientelar habría que agregar la estrategia político-ideológica de concentración del poder, eliminación de contrapesos y subordinación de Corte y el Congreso, un planteamiento coherente para el logro del objetivo deseado, pero cuya viabilidad económica depende de factores fuera del control del gobierno, una segunda contradicción.
De esta manera, la estrategia ha consistido en la redistribución del ingreso a través de transferencias en efectivo a la base clientelar para que mejore su capacidad de consumo, sin que esa mejora sea estructural, es decir, producto de mejores empleos, mayor productividad o, en una palabra, una evolución hacia un estadio superior de desarrollo. El problema de esa estrategia es que requiere un flujo creciente de fondos fiscales.
A diferencia del sexenio pasado en que el gobierno contó con recursos suficientes para avanzar la estrategia porque utilizó (y extinguió) todos los fideicomisos que se habían constituido para situaciones críticas o contingencias diversas, hoy el gobierno enfrenta el enorme desafío de seguir nutriendo a una creciente base clientelar sin fondos a su alcance directo para lograrlo. La única alternativa sería promover el crecimiento económico que redundara en una mayor recaudación fiscal para satisfacer las prioridades de gasto del gobierno.
La presidenta reconoce la necesidad de elevar la tasa de crecimiento de la economía, pero rechaza la condición que demandan los inversionistas potenciales para lograrlo. En un mundo globalizado, donde las empresas e inversionistas tienen numerosas opciones para localizar plantas y financiar desarrollos de diverso tipo, es indispensable que exista un marco de certidumbre y predictibilidad que le permita al inversionista claridad sobre los riesgos y contingencias que enfrenta en caso de conflicto, incumplimiento de contratos u otras circunstancias. Las reformas en materia judicial, de la UIF y del amparo, además de las agencias antes autónomas, conspiran en contra de esa certidumbre.
No menos importante es la lógica de lealtad que demanda la estrategia política. En su afán por preservar el poder a cualquier precio, el sacrificado acaba siendo el desarrollo del país, pues eso requiere de una ciudadanía fuerte y pujante, que es la antípoda del proyecto en su conjunto. De esta manera, la tercera contradicción es que se pretende preservar el poder sin suficientes fondos fiscales y sin una ciudadanía que lo sustente porque tarde o temprano lo primero choca con lo segundo.
La realidad es que la única forma de salir de estas contradicciones es enfrentándolas y resolviéndolas, pero eso implicaría restaurarle el sentido insurgente al movimiento que hoy está en el poder como gobierno conservador, preocupado exclusivamente por no perder privilegios. Es decir, está atrapado en el statu quo. Esto no sorprendería a los estudiosos de los ciclos históricos, pero es sin duda inconcebible para quienes ostentan el poder y creen ciegamente que “no somos iguales.”
El dilema no es difícil de dilucidar. Un estudioso europeo lo describe así: “Tienes estado de derecho o no lo tienes. Y, si no lo tienes, la gente se repliega hacia el reino del poder, la corrupción (una forma de poder financiero) o la criminalidad para obtener a lo que legítimamente debería tener acceso bajo la ley.”
México ciertamente nunca ha sido un parangón de legalidad, pero el sino del gobierno actual radica en haber destruido hasta los vestigios de un intento encomiable por construirla en las últimas décadas.
Andrea Rosas Guzmán
