/ Después de una década de negociaciones y de acuerdo con declaraciones oficiales, México y la Unión Europea (UE) están listos para firmar el Acuerdo Global modernizado, un instrumento jurídico que promete, entre otras cosas, transformar las relaciones comerciales entre ambos actores que ya tienen una trayectoria de intercambios importante.
El acuerdo llega en un momento propicio porque, mientras el mundo se enfrenta a guerras comerciales y el proteccionismo gana terreno, ambos actores apuestan por diversificar, aunque sea ligeramente, sus mercados y fortalecer sus relaciones económicas más allá de sus socios tradicionales. ¿Qué gana México? Primero, se extiende la liberalización a casi todos los productos agropecuarios que ahora entrarán al mercado europeo. Segundo, las empresas europeas tendrán acceso a las licitaciones públicas mexicanas, lo que podría incentivar la inversión. Tercero, los productos agrícolas emblemáticos recibirán protección reforzada contra la imitación. Cuarto, las PyMEs mexicanas contarán con procedimientos simplificados para exportar a la UE. Finalmente, la UE garantizará el acceso justo a materias primas críticas.
Sin embargo, el Acuerdo enfrenta retos significativos. La UE insiste en estándares ambientales rigurosos que generan fricción, como sucede con el Mercosur. La política energética de México prioriza la energía estatal sobre las renovables y esto preocupa a Bruselas. Además, el gobierno mexicano deberá adaptar muchas regulaciones para alinearse con las normas europeas, lo que requiere capacidades institucionales aún en desarrollo. Las PyMEs necesitarán apoyo financiero y técnico para cumplir con los estándares que demanda el mercado europeo.
El panorama se complica por el contexto geopolítico. Los Estados Unidos impusieron aranceles a productos mexicanos, creando incertidumbre comercial. Aunque esto podría favorecer el acuerdo con la UE como vía de escape, también significa que México debe mantener buenas relaciones con EU mientras abre o refuerza nuevos mercados. Del lado mexicano, tiene sentido la diversificación, pero desde la perspectiva de ciertos sectores internos, el Acuerdo podría implicar la competencia con productores europeos más consolidados.
En la UE el proceso es más complicado. Aunque la parte comercial del Acuerdo sólo necesita la aprobación del Consejo y el Parlamento Europeo para entrar en vigor, la dimensión política y de cooperación requiere además unanimidad de los 27 parlamentos nacionales y de algunos parlamentos locales. Esto abre la puerta a vetos inesperados, especialmente de países escépticos sobre ciertos temas sensibles.
Pero ¿este acuerdo es bueno para México? La respuesta es matizada. Lo es para grandes empresas exportadoras y para la diversificación económica en un contexto de incertidumbre global. Pero también exige que México asuma compromisos serios y fortalezca sus instituciones para obtener beneficios tangibles. No es un regalo de la UE a México ni viceversa; es una apuesta mutua.
Se trata de una estrategia ganar-ganar, pero sólo si se implementa con seriedad y un compromiso político genuino más allá de la coyuntura.
/ El Cáucaso inicia 2026 con transita de un “conflicto congelado” a una competencia geopolítica con un corredor comercial transcontinental. La influencia regional se desplaza de Moscú a Washington y Ankara. La estabilidad de Georgia y las elecciones armenias de junio presentan riesgos significativos.
Resultado de la reunión en Washington de agosto de 2025, la Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional (TRIPP) —buscando renacer al “Corredor Medio”— marginó a Rusia y provocó indignación iraní. Presencia de la UE por 99 años en TRIPP, que con medianía pretende impulsar el comercio Este-Oeste, corre el riesgo de acción militar de Irán y sabotaje híbrido por Rusia.
Importante riesgo político son las elecciones armenias en junio. Serán prueba crítica para el primer ministro Pashinyan, cuya “Cuarta República” y sus compromisos post- Segunda Guerra de Karabakh con Azerbaiyán (eliminar referencias constitucionales al territorio azerbaiyano de Nagorno-Karabakh) han generado amplia oposición, incluyendo a la iglesia armenia y facciones nacionalistas, que califican las concesiones como traición a la identidad nacional. Toda irregularidad electoral e imposibilidad de un referéndum constitucional podría colapsar el proceso de paz y reanudar escaramuzas fronterizas. Pese al giro pro-occidental de Armenia , depende de energía rusa y la ruta comercial del Alto Lars. Moscú ha mostrado disposición a cierres fronterizos y aumentos del precio de energía como apariciones de influencia política. Rusia podría utilizarlos para influir en el electorado armenio o penalizar a Azerbaiyán por acercarse a Washington.
Georgia está sumida en crisis política tras las elecciones de 2024 y el aplazamiento de su adhesión a la UE hasta 2028. El partido “Sueño Georgiano” consolida poder, rompiendo con Bruselas. Para enero de 2026, EUA y el Reino Unido sancionaron a más de 200 funcionarios georgianos. El giro del gobierno hacia una “modernización autoritaria”—financiada progresivamente con capital chino para eludir las sanciones occidentales —ha generado un profundo cisma social, con manifestaciones al estilo Maidán en Tbilisi— peligro persistente para la estabilidad. Un “estado de protesta congelado” en Tbilisi podría derivar en enfrentamientos violentos.
Azerbaiyán requiere equilibrar su alianza estratégica con Washington con la necesidad de gestionar el descontento de Moscú. El derribo en 2024 de un avión azerbaiyano por sistemas rusos sigue siendo fuente de tensión.
La posición militar de Irán en el río Aras es de grave preocupación. Realizó ejercicios a gran escala en frontera con Armenia en 2025 con el objetivo explícito de disuadir al “eje turco” (Turquía y Azerbaiyán). La seguridad de la infraestructura energética es prioridad regional. Los oleoductos Bakú-Tbilisi-Ceyhan (BTC) y del Cáucaso Sur (SCP) son vulnerables a sabotaje y ataques asimétricos. En clima de alta tensión geopolítica, estas arterias energéticas son objetivos para cualquiera que busque ejercer presión económica sobre Europa y Turquía.
El presunto deterioro de la salud (necrosis pancreática) del líder checheno Ramzan Kadyrov a principios de 2026 representa la mayor amenaza para la seguridad en el sur de Rusia. Un vacío de poder en Grozni —sin aparente delfín— sumado a operaciones de inteligencia ucranianas y propaganda yihadista, amenaza con desestabilizar el desarrollo socioeconómico del Cáucaso. Abjasia y Osetia del Sur continúan anómalas, pero críticas. Una base rusa en la costa de Abjasia en 2025 incrementó la presencia naval rusa en el Mar Negro.
La arquitectura de seguridad liderada por Rusia fenecido en el Cáucaso. La disolución oficial del Grupo de Minsk de la OSCE en 2025 y la suspensión de la membresía de Armenia en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (CSTO) provocaron vacíos que EUA aborda. TRIPP y la “paz armada” entre Bakú y Ereván —con riesgos de escaramuzas por “corrección fronteriza”—pusieron fin a décadas de mediación rusa.
La incursión estadounidense enfrenta a la oposición rusa, pero igual de Irán y Turquía, quienes pese a su rivalidad son recelosos. Irán percibe a TRIPP como “tijera geopolítica” de 43 kilómetros diseñada para cortar sus rutas comerciales hacia Europa y Rusia. La actual inestabilidad interna en Teherán (con estimaciones de decenas de millas de muertos en días recientes) agravada por su conflicto con Israel en 2025 le vuelve propenso a escaladas en “zonas grises” en el Cáucaso.
El “ Corredor Medio ” (Ruta de Transporte Internacional Transcaspiana)—que evita a Rusia e Irán —es el principal escenario de competencia geopolítica.
En 2026 la infraestructura para la paz (ferrocarriles, oleoductos, cables de fibra óptica) se unirá a la región o fungirá como nueva fricción entre potencias.
/ “La historia no se detiene por nadie.” La frase suena a consuelo, pero hoy funciona más como advertencia: estamos dejando atrás una época diseñada —política, económica e institucionalmente— para domesticar la incertidumbre. En el último cuarto de siglo, las sociedades y los Estados apostaron por un “orden basado en reglas” que prometía previsibilidad; no paz absoluta, porque la paz mundial siempre fue elusiva, pero sí una gramática compartida que redujera el margen de sorpresa. Ese andamiaje se está desgastando. Y el desgaste no se expresa solo como crisis coyunturales —una guerra aquí, una intervención allá—, sino como una policrisis estructural: una reconfiguración profunda de las bases históricas sobre las que se construyó el mundo que dábamos por sentado.
La palabra “policrisis” se usa a menudo como sinónimo elegante de caos. Es un error. La policrisis no son muchos problemas acumulados; es la coexistencia de transformaciones que se retroalimentan y que, juntas, cambian el sistema completo. Por eso el vértigo contemporáneo no viene solo de “lo que pasa”, sino de la sensación de que ya no sabemos “cómo funciona” el mundo. Ese desajuste entre expectativas y oportunidades —una de las versiones de lo que la teoría social ha llamado privación relativa— es el combustible emocional de nuestro tiempo: el sentimiento de que “el sistema nos quedó a deber”, que las promesas de ascenso, seguridad y dignidad fueron aplazadas indefinidamente para mayorías cada vez más impacientes.
Cuatro tiempos a la vez
Parte del desconcierto proviene de que vivimos en cuatro bandas temporales simultáneas: 1) en la larga duración se mueven estructuras civilizatorias, como formas de producción, organización social, tecnologías generales, incluso ideas de autoridad y legitimidad; 2) en la mediana duración ocurre el relevo de hegemonías, como potencias que ceden capacidad de ordenar y otras que ganan margen para disputar; 3) en la corta duración operan los ciclos políticos, económicos y tecnológicos que se notan en elecciones, recesiones, auges de inversión o estallidos sociales, y 4) la inmediatez —producto histórico del avance tecnológico y de la ubicuidad mediática— comprime la experiencia, es decir, todo sucede “en vivo”, todo parece definitivo, todo exige reacción inmediata, aunque sus causas sean lentas y sus consecuencias aún más lentas.
La confusión aparece cuando intentamos explicar procesos de larga duración con lenguaje de coyuntura o cuando confundimos la espuma de la inmediatez con el oleaje profundo. Un enfrentamiento fronterizo o incluso una pandemia pueden ser eventos enormes, pero su relevancia histórica se mide con otra vara: si aceleran o revelan cambios estructurales que ya venían en marcha.
Ese es el marco para entender el periodo que va del fin de la Guerra Fría hasta hoy: una secuencia de golpes que no solo dañaron piezas del sistema, sino que erosionaron la fe en el sistema mismo. Tras la caída del muro de Berlín, con la disolución de la Unión Soviética y el ocaso del orden traído por la certeza de una tensión permanente y conocida, una serie de conflictos sacudieron al mundo que celebraba “el final de la historia”. De entre ellos destaca la guerra del Golfo, no solo porque fue la primera guerra del mundo posterior a la Guerra Fría, sino porque fue el laboratorio donde se volvió visible una nueva forma de hacer guerra: la de la información, la de las narrativas, la de las mentes. La imagen de periodistas embebidos en unidades operativas, transmitiendo en tiempo real, no fue solo un recurso mediático: fue una señal estratégica. A partir de ahí, todas las potencias —o quienes aspiraban a serlo— comenzaron a comprender una nueva dimensión de batalla: la esfera cognitiva, donde la percepción antecede a la decisión, y la decisión antecede a la acción.
El 11-S fracturó la sensación de invulnerabilidad de la superpotencia y dio paso a la “guerra contra el terrorismo”, una era de securitización mundial, expansión de aparatos de vigilancia y guerras prolongadas con resultados estratégicamente ambiguos. La invasión rusa a Georgia en 2008 —frecuentemente tratada como un episodio regional— fue en realidad otro aviso temprano: mostró que la fuerza podía reabrir fronteras políticas en el espacio postsoviético y anticipó el tipo de revisionismo que más tarde veríamos con mayor escala. La crisis financiera de 2008 no fue solo un colapso de mercados: fue un colapso de credibilidad. La narrativa de eficiencia y mérito que acompañó al capitalismo globalizado se vio contradicha por rescates, precarización y desigualdad. Después vinieron los síntomas sociales: Occupy Wall Street y su 99% vs. 1%; los chalecos amarillos en Francia; oleadas contra el poder establecido de distinta ideología; el ascenso de retóricas de agravio y pertenencia —MAGA (“Make America Great Again”), pero también Black Lives Matter— que, aunque divergentes, comparten un diagnóstico emocional: “esto no funciona para mí”.
En este punto suele decirse que “la democracia está muriendo”. La frase captura ansiedad, pero oscurece el fenómeno. Lo que vemos es más estructural: un desplazamiento en la forma en que las sociedades producen legitimidad, autoridad y obediencia. La democracia liberal —como combinación de representación, partidos, prensa, pesos y contrapesos, y un horizonte de progreso material— floreció y se amplió mientras funcionó relativamente bien, mientras pudo prometer movilidad social, construir clases medias y sostener un consenso mínimo sobre lo “normal”. Cuando el rendimiento de ese arreglo se estanca, la democracia no desaparece de inmediato; cambia de textura. Además, pierde capacidad de articular futuro y se vuelve, cada vez más, un procedimiento para administrar agravios presentes.
Ese cambio de textura es clave para entender por qué la erosión democrática no debe leerse como obituario, sino como síntoma de reacomodo de época. En transiciones históricas, las instituciones y formas no “mueren” porque sí: dejan de encajar con el tipo de sociedad, economía y ecología informativa que las rodea. Hoy, la economía precariza, la desigualdad se normaliza, la movilidad social se encoge y la identidad compite con el interés material como eje de la política. En ese entorno, el conflicto se intensifica y la democracia se vuelve campo de batalla donde se disputa qué cuenta como verdad, qué cuenta como pueblo y qué cuenta como pertenencia.
Estados Unidos: del arquitecto de reglas al actor de fuerza
La pérdida relativa de poder de Estados Unidos no es un derrumbe repentino; es un desgaste sostenido que se arrastra desde finales del siglo XX y que se acelera cuando el resto del mundo ya no concede legitimidad automática a reglas escritas desde Washington. El orden liberal se apoyaba en una promesa: apertura económica, expansión de derechos, instituciones multilaterales y democracia como horizonte. Esa promesa se ha agotado por dos vías. Primero, porque produjo ganadores y perdedores dentro de las sociedades, y los perdedores aprendieron a votar, protestar y bloquear. Segundo, porque el mismo sistema que decía universalizar reglas terminó viéndose como mecanismo de asimetrías: sanciones para unos, excepciones para otros; derechos humanos invocados selectivamente; mercados abiertos en el discurso y proteccionismo en la práctica.
En ese contexto, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 marca algo más que alternancia política: institucionaliza una lectura del mundo donde las reglas son instrumento, no marco; donde la certidumbre se sustituye por la ventaja, y donde la fuerza —económica, tecnológica, militar— vuelve a presentarse como fundamento último del orden. Es tentador reducir el fenómeno a personalidad o estilo, dejando de lado lo estructural. En sociedades saturadas de privación relativa, la promesa de “romper todo” deja de ser un escándalo y se convierte en oferta política; la destrucción de normas se vende como justicia correctiva.
La paradoja es que, al mismo tiempo que la superpotencia se muestra menos dispuesta a sostener el andamiaje multilateral, el mundo enfrenta problemas que solo pueden administrarse con coordinación: cadenas de suministro, pandemias, ciberseguridad, clima, migración. La pandemia fue un espejo brutal: evidenció capacidad científica, pero también un reflejo geopolítico primario —cada quien se salva a sí mismo— que debilitó la ilusión de comunidad internacional y aceleró el “sálvese quien pueda” como ética práctica.
China, Rusia y la India: multipolaridad sin manual y categorías mentales obsoletas
La policrisis también es un problema de percepción. Occidente tiende a pensar el poder con categorías creadas por Occidente: hegemonía, reglas, instituciones, democracia liberal como estándar. Pero el ascenso de China obliga a reconocer que el mundo puede ordenarse con lógicas distintas. Beijing es ya potencia económica y tecnológica, y la disputa por semiconductores e inteligencia artificial (IA) es, en realidad, disputa por la infraestructura del porvenir inmediato: quien controle esas plataformas controlará la productividad, la capacidad militar, la vigilancia y el ritmo de innovación. La pregunta no es solo si China remplazará a Estados Unidos, sino qué papel busca: ¿arquitecto alternativo de reglas, líder civilizatorio, o gran potencia pragmática que asegura márgenes sin cargar con costos de hegemonía? Incluso, ¿qué conceptos y categorías debemos utilizar para ponderar este futuro?
Rusia, por su parte, empuja explícitamente por un mundo multipolar en el que Estados Unidos ya no dicte las reglas del juego. La invasión a Ucrania —y la manera en que reconfiguró sanciones, gasto militar europeo, mercados energéticos y alineamientos— fue también un mensaje sistémico: el territorio como argumento sobre las fracturas en el “orden” establecido. Y, sin embargo, Moscú no ofrece un “modelo” de orden; ofrece una fuerza de fricción: puede impedir, complicar, castigar. Así puede lograr y mantener un lugar importante en la mesa. En un sistema fatigado, el actor que puede romper es tan relevante como el que puede construir.
La India añade otra capa: economía en crecimiento, ambición tecnológica y una base demográfica que ya rebasó a China, un dato con implicaciones de largo plazo para mercado laboral, consumo, poder militar potencial y proyección regional. Nueva Delhi podría ser uno de los grandes ganadores estructurales del reordenamiento, pero su papel internacional aún está en construcción: equilibra autonomía estratégica, rivalidad con China, relación con Estados Unidos y liderazgo del Sur global sin asumir costos de “policía” internacional.
La multipolaridad, así, no es un concierto armónico de potencias: es una redistribución de margen de maniobra. Y, crucialmente, no debemos asumir que “multipolaridad” significa lo mismo para todos: es muy probable que cada actor relevante (China, Estados Unidos, la India, Rusia, Europa o las potencias regionales) tenga una visión distinta —e incluso divergente— de qué implica y cómo debería verse ese arreglo. El resultado es un mundo más negociado, pero también más propenso al choque, porque la capacidad de imponer disciplina disminuye mientras aumentan las oportunidades de desafiar: incertidumbre sobre orden.
Clima, energía, tecnología y migración: las fuerzas transversales que vuelven todo más difícil
Hay fuerzas que no respetan fronteras y que están rediseñando la política mundial desde abajo. El cambio climático avanza más rápido que las respuestas políticas. Multiplica problemas: inflación alimentaria, desastres, estrés hídrico, presión fiscal y migraciones que ya no serán solo económicas o por violencia, sino por habitabilidad. Y, sin embargo, la acción climática pierde prioridad real cuando las potencias compiten por seguridad energética y ventaja industrial. La hipocresía energética no es moral; es estructural: el petróleo barato sigue siendo un factor central de alianzas y de estabilidad interna.
La guerra en Ucrania mostró esa tensión: sanciones, pero también rutas alternativas. China y la India se volvieron compradores cruciales de crudo ruso en distintos momentos. En un mundo de policrisis, la moralidad compite con la factura de energía.
La revolución tecnológica agrava el cuadro. La combinación de IA aplicada, automatización y control de semiconductores acelera la posibilidad de sustituir trabajo humano a escala, no solo en manufactura sino en servicios, logística, análisis e incluso tareas cognitivas. Esto tiene una implicación política explosiva: grandes porciones de población —ya vulnerables— pueden volverse “prescindibles” para la creación de valor, aumentando presión para programas asistencialistas justo cuando muchas pirámides demográficas se invierten y los Estados envejecen. La desigualdad deja de ser un subproducto incómodo y se convierte en motor de inestabilidad.
Pero hay una dimensión adicional, menos discutida y cada vez más influyente: los idearios de la élite tecnológica mundial. En torno a la élite empresarial del sector tecnológico (tech-bros), a ciertos círculos de capital de riesgo y a quienes controlan plataformas, infraestructura digital y narrativas de innovación, circula una visión del futuro que no es neutra. Suele mezclar promesas emancipadoras —eficiencia, progreso, “soluciones” tecnológicas— con un trasfondo marcadamente elitista: la idea de que el rumbo correcto lo define una minoría “capaz” y que las fricciones sociales son obstáculos a optimizar, más que comunidades a representar. En esa lógica, la desigualdad aparece como precio aceptable del avance, o incluso como filtro natural; la política se ve como estorbo y la democracia como un sistema demasiado lento para un mundo que debe acelerarse.
Esa mentalidad importa porque no se queda en discursos: influye en diseño de plataformas, en gobernanza algorítmica, en concentración de datos, en relaciones con Estados y, sobre todo, en la manera en que se concibe quién cuenta en la economía del mañana. Si la automatización vuelve prescindibles a millones y, al mismo tiempo, los idearios dominantes en el sector que produce esa automatización tienden a naturalizar la exclusión, la promesa de “prosperidad para todos” se vuelve más frágil. El resultado es una incompatibilidad creciente entre los aparentes reclamos de mayorías —ya de por sí excluidas— y los proyectos implícitos de una élite que imagina el futuro como un espacio de selectos, hiperproductivos y altamente conectados.
El reto estratégico, entonces, no es “predecir” el nuevo orden con exactitud —no podemos—, sino aprender a navegar la incertidumbre sin paralizarnos.
Aquí aparece una tensión y divergencia que puede moldear lo que venga: por un lado, sociedades que exigen dignidad, redistribución y protección ante el desplazamiento tecnológico; por el otro, una constelación de actores tecnológicos con recursos, influencia cultural y capacidad de “hacer mundo” por medio de infraestructura digital, muchas veces empujando por desregulación, excepción y poder privado. Esa fricción no es secundaria: puede traducirse en populismos antitecnología, en regulaciones abruptas, en capturas regulatorias silenciosas o en nuevos pactos sociales. En cualquier caso, añade otra capa a la policrisis, porque amplía el conflicto central de nuestro tiempo: quién decide las reglas —y para quién— en un orden que ya no logra producir certidumbre compartida.
La movilidad humana completa el triángulo. Migrar es histórico y natural, pero hoy choca con fronteras rígidas y discursos nativistas que se endurecen mientras las causas de migración se multiplican. La idea de Estado-nación —histórica, no eterna— se defiende con dureza precisamente cuando su capacidad de encausar flujos y economías se reduce.
Y, como telón de fondo, la polarización: política, por crisis de consensos; económica, por desigualdad persistente que se replica en casi todas las sociedades. La polarización no es ruido, es señal de que las viejas coaliciones sociales que sostenían el contrato político se están rompiendo.
Varios países ofrecen este espejo: el impulso mundial de “desmontar” instituciones como respuesta al agravio social. Más allá de simpatías partidistas, el punto estratégico es otro: cuando la estabilidad institucional deja de ser valor central, la incertidumbre se institucionaliza. Reglas menos claras, decisiones más centralizadas.
Pero incluso aquí conviene leer el fenómeno en clave de transición, no de tragedia lineal. No es un “apagón” repentino; es una recomposición del vínculo entre Estado y sociedad cuando cambian las condiciones materiales, informativas y demográficas. En un mundo de incertidumbre estructural, las mayorías demandan protección inmediata —seguridad, precio de la vida, empleo, pertenencia, inclusión—, y los sistemas representativos, diseñados para deliberar y procesar diferencias, quedan tensados. Eso empuja a soluciones de concentración de poder que prometen eficacia, aunque su costo sea la fragilización de contrapesos.
Esto conecta con una idea clave para entender el siglo XXI: la “necesidad de caos”. Una parte de la población apoya destruir el sistema establecido aun sin claridad sobre qué vendrá después, porque siente que el sistema “merece ser derribado”. Es un fenómeno que resuena con el brexit, Trump, los chalecos amarillos, los virajes a derechas extremas y múltiples expresiones de hartazgo internacional.
Gaza, Ucrania y el regreso del realismo, pero con un mundo distinto
Las guerras recientes —Ucrania y Gaza— se leen a menudo como eventos aislados, y ahí está el peligro intelectual. Son también síntomas del debilitamiento del “orden basado en reglas”: la dificultad de disuasión, la fragmentación diplomática, el uso instrumental del Derecho Internacional y la incapacidad de producir salidas estables. No es que las reglas hayan desaparecido; es que su capacidad de obligar se redujo y su legitimidad se volvió objeto de disputa.
En este escenario, muchos celebran un “regreso al realismo”: intereses, poder, zonas de influencia. Pero si concluimos que el futuro será una simple repetición del pasado, erramos. El tablero ya no es el de 1945 ni el de 1991. La diferencia decisiva es la multiplicación de actores no estatales —lícitos e ilícitos— con capacidad real de alterar resultados: plataformas tecnológicas, redes criminales trasnacionales, fondos, milicias, cadenas logísticas privadas, comunidades digitales capaces de movilizar o desestabilizar, y de la diversificación de los ámbitos de acción humana. En campos como el tecnológico, estos actores llevan ventaja sobre los Estados. El resultado podría ser, incluso, el inicio del fin del Estado-nación tal como lo conocimos: no porque desaparezca de un día para otro, sino porque su monopolio de soberanía efectiva se erosiona.
Vemos, además, un auge de nuevas formas de acción estratégica, como “la guerra híbrida”, no como sustituto de la guerra física —que persistirá por control de territorio y recursos tangibles—, sino como expansión natural hacia otros campos, especialmente el cognitivo. La batalla por las mentes, por la influencia convertida en acción, se ha vuelto notable. Y aquí aparece una paradoja central: si bien observamos el agotamiento de la democracia, también vemos el uso de mecanismos democráticos —elecciones, opinión pública, movilización de mayorías— como vehículo de erosión democrática. La influencia sobre mayorías alcanzadas por narrativas que cuestionan los marcos referenciales les ofrece una falsa sensación de comprensión y esperanza: comprensión, porque simplifica el mundo en relatos totales; esperanza, porque promete salvación vía exclusión, castigo o ruptura. Así, se logra la erosión más efectiva de la democracia porque se hace desde adentro, por medio de sus propios mecanismos.
Vale subrayar que esto también es histórico: cada gran cambio de periodo trae consigo una crisis de mediación. En los tiempos más recientes, cuando se transforma la tecnología de la comunicación —como ocurrió con la imprenta, la radio o la televisión— se reordenan los equilibrios de autoridad y la manera en que una sociedad decide qué es real. Hoy, la economía de la atención, las redes sociales, el contenido curado y la IA han alterado esa mediación a una escala inédita y con una velocidad que desborda a las instituciones. La democracia liberal se construyó sobre mediadores relativamente estables (partidos, sindicatos, prensa, academias, burocracias profesionales). Al debilitarse esos puentes, la legitimidad busca rutas alternativas: liderazgos directos, plebiscitarios, identidades duras, comunidades cerradas. No es “el fin” de la política democrática; es su metamorfosis bajo nuevas condiciones de comunicación y desigualdad.
Ese proceso, a su vez, alimenta dos dinámicas que se refuerzan. Primero, facilita a los elitistas —incluida parte de la élite tecnológica— el argumento de que solo minorías “capaces” deberían poder tomar decisiones, porque “las masas” serían demasiado manipulables o demasiado impulsivas. Segundo, produce una cámara de eco permanente en la que el “99%” se mantiene en tensión con el “1%”: no como metáfora política puntual, sino como estructura emocional que recircula la privación relativa y aumenta la presión sobre la idea de que “el sistema debe morir”.
Y aquí aparece la conexión más fina con la transición histórica: la erosión democrática no ocurre pese al “orden basado en reglas”, sino porque ese orden dependía del respaldo de un tipo de gobiernos nacionales y ciudadanía, y de un tipo de confianza social que hoy ya no se reproducen automáticamente. En la era liberal, la promesa era que reglas compartidas —dentro y entre Estados— generarían estabilidad y, con ella, prosperidad suficiente para sostener acuerdos (tanto así que países democráticos estuvieron dispuestos a ir a la guerra para asegurar que otros países se volvieran democráticos). Cuando la prosperidad se concentra, cuando la seguridad se vuelve desigual y cuando la información se convierte en un campo de batalla permanente, las reglas dejan de percibirse como garantías y empiezan a verse como candados: mecanismos que protegen a quienes “ya llegaron” y excluyen a quienes “siguen esperando”. En ese punto, la democracia liberal deja de ser el idioma incuestionado del futuro y se vuelve uno de varios dialectos disponibles para organizar la vida colectiva. Si se le agrega un alza cínica de la transaccionalidad, del poder entendido como derivado solamente de recursos, y no sustentado también en valores, tenemos la explosiva combinación del hoy.
Durante un tiempo, persistirá la idea de que, si logramos recomponer pactos internos —reducir la desigualdad, reconstruir la confianza y actualizar las instituciones a la nueva ecología informativa—, también podremos recuperar parte del “rumbo” colectivo, no como regreso intacto a un pasado, sino como rearticulación de una promesa mínima de convivencia bajo reglas compartidas. Lo decisivo es entender qué forma democrática —con qué mediaciones, qué límites al poder y qué nuevos equilibrios entre lo público y lo privado— puede emerger y sostener certidumbre en una época distinta. Las mentes y el espacio cognitivo ya han sido modificadas. La plasticidad cerebral —a punta de redes sociales, contenido curado, IA y economías de la atención— sembró la idea de un mundo diferente del actual, que para muchos no funciona ni cumple promesas. ¿Cuál es ese mundo? Todavía no lo sabemos. Hay miles de versiones posibles de ese nuevo mundo circulando al mismo tiempo, compitiendo por adhesión, identidad y acción. Y, en gran medida, estamos viviendo esa guerra por sentido que añade otro punto de incertidumbre a esta transición histórica.
Ahí aparece la intuición más incómoda de nuestra época: sabemos que el mundo del que venimos se está acabando, pero no tenemos forma de saber con certeza qué viene. La transición histórica no tiene manual. A diferencia de los siglos posteriores, nosotros no gozamos de retrospectiva. No podemos ver el “corte” que, dentro de 500 años, usarán para nombrar esta etapa. ¿Ya ocurrió? ¿Aún está por venir? ¿Se definirá por 2008, por 2014, por 2020, por 2022, por 2025? Nadie lo sabe. Y, sin embargo, el impulso de buscar patrones —la industria completa de gestión de riesgo, previsión, cumplimiento normativo, análisis— sigue vivo porque fue construido para cerrar la brecha de incertidumbre. Hoy intenta hacerlo con herramientas diseñadas para un mundo más estable.
No hay vuelta atrás: repensar la supervivencia
En tiempos históricos, la nostalgia es una trampa. No hay vuelta al orden liberal “clásico” como marco indiscutido. No significa que desaparezca por completo, pero lo que manda es la tendencia de redistribución del poder, agotamiento ideológico, competencia tecnológica, crisis climática, presión migratoria y polarización.
Eso obliga a replantear la estrategia, sobre todo para potencias medias y países que no dictan reglas, pero que sí pueden ampliar o reducir su vulnerabilidad. La primera tarea es pensar en dos horizontes al mismo tiempo: existencia inmediata y de largo plazo. En el corto plazo, se trata de resiliencia: blindar infraestructura, profesionalizar inteligencia y gestión de crisis, y sostener cohesión social mínima; en situación ideal, además, diversificar dependencias críticas (energía, alimentos, tecnología). En el largo plazo, se trata de apuestas: posicionarse en cadenas de valor del siglo XXI (semiconductores, IA aplicada, transición energética), construir autonomía estratégica sin autarquía, y diseñar políticas demográficas, educativas y de innovación que permitan navegar el remplazo tecnológico del trabajo y acomodar los movimientos naturales humanos naturales y creados por la presión de los tiempos.
La segunda tarea es intelectual: no confundir tácticas heredadas con diagnósticos correctos. Las zonas de influencia, por ejemplo, pueden reaparecer como práctica de poder; pero creer que explican todo conduce a errores, porque hoy compiten con redes, datos, plataformas y mercados que no obedecen fronteras.
La tercera tarea es política: sostener instituciones que produzcan previsibilidad sin caer en el fetiche institucional. Las instituciones importan no por ser “buenas” moralmente, sino porque reducen arbitrariedad y permiten coordinar expectativas. Cuando se destruyen, la incertidumbre no se elimina, se privatiza, se vuelve costo social y se paga con inestabilidad.
El mundo que viene —si es que “viene”, porque en realidad ya está aquí— no será necesariamente mejor ni peor; será distinto. Y ese es el punto central. Estamos entrando en una época donde la certidumbre deja de ser bien público garantizado por un centro hegemónico y se convierte en un recurso escaso que cada actor buscará producir para sí mismo, por la buena o por la mala. Eso reordena alianzas, economías y políticas nacionales. También reordena mentalidades. Quizá el mensaje final sea el más difícil de aceptar: no se trata de esperar a que pase la tormenta para volver a lo de antes. Lo de antes era una fase histórica, y está terminando. El reto estratégico, entonces, no es “predecir” el nuevo orden con exactitud —no podemos—, sino aprender a navegar la incertidumbre sin paralizarnos, entendiendo que la policrisis no es una suma de crisis coyunturales, sino el cambio lento, pero sostenido, de la estructura total del mundo.
/ El rumbo de la gobernanza internacional en 2026 se encuentra profundamente condicionado por la persistencia y transformación de la guerra entre Rusia y Ucrania, conflicto que ha dejado de ser únicamente un enfrentamiento militar regional para convertirse en un caso paradigmático de las tensiones estructurales que atraviesa el sistema internacional contemporáneo. A casi cuatro años del inicio de la invasión rusa a gran escala, Ucrania se sitúa en el centro de un entramado de dinámicas geopolíticas, geoeconómicas y normativas que revelan tanto los límites como las mutaciones de la gobernanza global en un entorno marcado por la fragmentación del poder, la competencia estratégica y la erosión de consensos multilaterales.
/ En México, la gestión de emergencias humanitarias se ha ido desplazando hacia una creciente confianza en la tecnología como herramienta para mejorar la prevención, la respuesta y la coordinación ante crisis que van desde desastres naturales hasta dinámicas humanitarias más complejas y prolongadas. Mecanismos como alertas tempranas, sistemas de información, plataformas digitales o el desarrollo de drones nacionales prometen rapidez y eficiencia en contextos en los que cada minuto cuenta. Sin embargo, la pregunta clave no debería ser si la tecnología puede ayudar, sino cómo y bajo qué condiciones lo hace.
El nuevo sistema de alertas sísmicas en teléfonos móviles permite observar esa promesa de la innovación tecnológica en la gestión de emergencias, en particular como herramienta de prevención. Este tipo de soluciones muestra que la tecnología puede contribuir a la reducción de riesgos cuando se apoya en infraestructura operativa, coordinación institucional y una lógica clara de uso público. Al mismo tiempo, ese potencial se ve limitado por la ausencia de políticas públicas claras, de inversión sostenida y de mecanismos efectivos de rendición de cuentas. La tecnología, por sí sola, difícilmente puede sustituir una gestión integral de las emergencias humanitarias.
En muchas crisis en México —como sismos, fenómenos climáticos extremos o desplazamientos internos— la tecnología se implementa de forma fragmentada, sin marcos regulatorios sólidos ni protocolos claros para el uso de la información. Esto abre la puerta a riesgos importantes, especialmente en el manejo de datos personales y biométricos de poblaciones en situación de vulnerabilidad. La recopilación de información puede ser útil para coordinar ayuda, pero sin las garantías adecuadas también puede derivar en exclusión, vigilancia indebida o en usos secundarios de los datos sin consentimiento.
El problema no es la tecnología, sino la expectativa de que pueda compensar carencias históricas en infraestructura, capacidades institucionales y políticas de prevención. Cuando estos rezagos no se enfrentan, la innovación deja de ser una herramienta de protección y se vuelve un recurso cómodo: ordena datos, genera alertas y produce una sensación de control, sin modificar realmente las condiciones que generan la vulnerabilidad.
Dicho esto, la promesa tecnológica en la gestión de emergencias humanitarias sigue siendo real, pero incompleta. Para que la innovación cumpla su función social, debe ir acompañada de reglas claras, inversión sostenida, protección de datos y un enfoque que coloque a las personas por encima de la eficiencia administrativa. De lo contrario, la tecnología no solo deja de proteger, sino que también puede profundizar desigualdades y trasladar riesgos a quienes ya viven en condiciones de mayor precariedad.
Innovar en emergencias no significa solo digitalizar la respuesta, sino también reconocer que la tecnología necesita reglas, gobierno y responsabilidad para no amplificar los riesgos que promete reducir. De lo contrario, la promesa tecnológica corre el riesgo de convertirse en una nueva forma de fragilidad, disfrazada de eficiencia y modernización.
Andrea Rosas Guzmán Internacionalista con especialidad en Seguridad Internacional. Actualmente cursa la maestría en Desarrollo Internacional y Emergencias Humanitarias en la London School of Economics (LSE).
/ El pasado 12 de enero las Fuerzas de Defensa del Estado de Israel irrumpieron en las instalaciones del centro de salud de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo en Jerusalén Oriental -UNRWA por sus siglas en inglés-, amagando a sus empleados y funcionarios, ordenando el cese de sus operaciones durante 30 días y retirando la señalización que indica el estatus del predio como edificio en funciones de la Organización de las Naciones Unidas y por tanto inviolable de acuerdo con la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de 1946. Una clara afrenta de Tel Aviv contra el derecho internacional y un paso más en su campaña contra UNRWA y su trabajo en Gaza y Cisjordania.
Las acciones del gobierno israelí causaron indignación ante los reiterados intentos por minar el mandato de la Agencia y provocaron la inmediata condena por parte de Antonio Guterres, Secretario General de la ONU.
El asalto a las instalaciones del centro de salud, que diariamente atiende a cientos de refugiados palestinos impedidos de recibir asistencia sanitaria en el Estado de Israel, se suma a la toma por parte de las autoridades israelíes del complejo operativo de UNRWA en el barrio de Sheikh Jarrah, en la parte ocupada de Jerusalén, y a la votación en el Knesset de una nueva ley que promulga el cese de la operaciones de UNRWA en el territorio del Estado de Israel y en los territorios ocupados por el mismo, ambos incidentes acaecidos en meses recientes y parte de una serie de ataques sostenidos contra empleados e instalaciones de la Agencia, sobre todo en Gaza, donde de acuerdo con estimaciones de Naciones Unidas un total de 126 funcionarios de UNRWA fueron asesinados y todas sus instalaciones bombardeadas en más de una ocasión por las fuerzas israelíes, fueran escuelas, centros de salud o de asistencia social.
«Las autoridades israelíes han seguido adoptando medidas incompatibles con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Estas medidas constituyen una afrenta a la inviolabilidad de las instalaciones de las Naciones Unidas y un obstáculo para la implementación del mandato otorgado por la Asamblea General a UNRWA para que continúe sus operaciones en los Territorios Ocupados, incluida Jerusalén Oriental. Como confirmó recientemente la Corte Internacional de Justicia, la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas prohíbe cualquier acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa contra los bienes y activos de las Naciones Unidas. El Secretario General insta al Gobierno de Israel a que adopte medidas inmediatas que garanticen el mantenimiento de los servicios básicos en las instalaciones de la UNRWA», conminaba Antonio Guterres en un comunicado de prensa dado a conocer el pasado día 15 de enero.
La campaña israelí para minar la credibilidad y capacidad operativa de la agencia establecida en 1949, encargada de proveer asistencia humanitaria a cerca de 6 millones de refugiados palestinos y garante de su derecho al retorno, es sintomática del creciente desprecio por instituciones multilaterales que enarbolan gobiernos y regímenes antiliberales y etno-nacionalistas.
El reciente anuncio de Washington al respecto de su retirada de 66 organizaciones internacionales, entre las que se encuentran agencias del sistema de Naciones Unidas como ONU Mujeres o el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ONU-Hábitat es otro ejemplo de ello. Vivimos un contexto cada vez más acuciante de abandono de la diplomacia en favor de la confrontación, lo que delata la imperiosa necesidad de fortalecer el sistema creado a la postre de la Segunda Guerra Mundial, ante la posibilidad de verlo colapsado como parte de la conformación del nuevo paradigma internacional.
La continuidad de la Organización de las Naciones Unidas y de las agencias que lo componen, incluida UNRWA, dependerá de un sesudo ejercicio de reforma, que traiga como resultado su consolidación y refrende la primacía del derecho internacional por encima de la belicosidad nacionalista. Un ejercicio en el que México debe a toda costa participar, so pena de sufrir las consecuencias al no hacerlo.
Héctor Cárdenas / El primer año de la segunda administración de Donald Trump ha sido extraordinario en más de un sentido. Extraordinario por lo inusual de muchas de sus decisiones —a veces desconcertantes, a veces abiertamente provocadoras—, pero también porque en un periodo muy breve ha tenido efectos tangibles y profundos sobre el sistema internacional. Pocas administraciones recientes han alterado con tal rapidez las reglas, expectativas y equilibrios del orden global.
En el plano geopolítico, el activismo ha sido notable. La mediación que condujo a un alto el fuego en Gaza, el debilitamiento de Irán como actor regional, la salida forzada del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y el drástico recorte a la ayuda internacional al desarrollo han redefinido prioridades y jerarquías. Al mismo tiempo, la política económica y comercial de Washington ha sembrado dudas serias sobre la continuidad de un orden internacional basado en reglas, apertura y previsibilidad.
Sin embargo, disrupción no equivale a éxito. A un año de distancia, los resultados son ambiguos cuando no claramente problemáticos. El regreso del proteccionismo estadounidense ha afectado el desempeño de la economía global, elevando la incertidumbre, tensionando cadenas de suministro y debilitando la inversión. Varios de los problemas que Trump prometió resolver siguen abiertos. La guerra en Ucrania permanece empantanada, sin una estrategia creíble de salida, y el propio alto el fuego en Gaza deja más interrogantes que certezas sobre la estabilidad regional.
Un elemento central de este primer año ha sido el giro conceptual de la política exterior estadounidense. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 no se limita a una redistribución de cargas entre aliados, sino que marca un retorno explícito a la lógica de esferas de influencia, con ecos claros de la Doctrina Monroe, y a una lectura crecientemente civilizacional del orden mundial. Europa aparece menos como socio estratégico pleno y más como un actor culturalmente distante y estratégicamente prescindible. Este enfoque ha erosionado la relación transatlántica y ha reducido los espacios de cooperación con aliados tradicionales.
Este mismo enfoque ha mostrado límites evidentes en la relación con China. Los intentos de confrontación estratégica, aislamiento económico y contención de su proyección global no han logrado los resultados buscados. China exporta hoy menos a Estados Unidos, pero más al resto del mundo: a Europa, a América Latina y a Asia. Lejos de quedar aislada, ha diversificado mercados y profundizado su presencia en regiones clave, en parte aprovechando el repliegue estadounidense. Más aún, la política de Washington ha incentivado a países tradicionalmente cautelosos —como Canadá o India— a explorar vínculos más estrechos con Pekín, no por afinidad ideológica, sino por cálculo económico y estratégico.
Para México, este primer año ha sido particularmente complejo. La relación bilateral ha estado marcada por una presión constante, amenazas recurrentes de aranceles —algunos ya materializados en sectores como acero y aluminio— y exigencias más duras en materia de seguridad y combate al crimen organizado. En este contexto, el margen de maniobra del gobierno mexicano ha sido limitado.
Aun así, conviene subrayar que la estrategia adoptada ha permitido preservar elementos fundamentales de la relación. El TMEC se mantiene vigente, el comercio y la inversión bilateral continúan en niveles robustos y se ha evitado una confrontación directa que habría tenido costos económicos y políticos significativos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por una diplomacia prudente, paciente y de bajo perfil, orientada a administrar tensiones más que a escalar conflictos, en un entorno particularmente adverso y volátil.
Al cumplirse el primer año del segundo mandato de Trump, el balance internacional es inquietante. El mundo es hoy más fragmentado, más incierto y menos cooperativo. Estados Unidos sigue siendo una potencia central, pero ejerce su poder de manera más abrupta y menos estratégica. Para países como México, el reto es claro: proteger intereses vitales y sostener una relación económica indispensable, mientras se adapta a un vecino que ya no se concibe como garante del orden internacional, sino como un actor que privilegia su esfera de influencia, su identidad y sus intereses inmediatos, aun a costa de la estabilidad global.
Mónica Laborda / El Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea suele evaluarse con métricas que pertenecen a otra época. Se insiste en que el comercio con Europa representa apenas alrededor del 7% del total mexicano, como si el sistema internacional siguiera regido por reglas estables y decisiones puramente económicas.
Ese supuesto ya no existe. Hoy, el comercio es una extensión de la política de poder, y los acuerdos comerciales son instrumentos de posicionamiento estratégico.
El contexto global es decisivo. La fragmentación del orden internacional, la erosión del multilateralismo y la creciente integración entre economía, seguridad y tecnología han transformado la lógica del intercambio. Las cadenas globales de valor se reconfiguran no sólo por eficiencia, sino por criterios de confianza, afinidad regulatoria y alineamiento político. En este entorno, la dependencia excesiva deja de ser una ventaja comparativa y se convierte en una vulnerabilidad estructural.
Desde esta perspectiva, el Acuerdo Global Modernizado (AGM) no busca sustituir la relación con Estados Unidos, sino introducir redundancia estratégica. Diversificar no es cambiar de dependencia, sino evitar que una sola relación concentre riesgos económicos, regulatorios y políticos. La Unión Europea aporta atributos cada vez más escasos: estabilidad institucional, previsibilidad normativa y una lógica de comercio basada en reglas. En tiempos de volatilidad, estos elementos adquieren un valor estratégico propio.
El acuerdo también apunta a la calidad de la inserción internacional. El comercio con Europa se concentra en sectores intensivos en conocimiento, tecnología y capital humano, justamente aquellos que definen la competitividad de largo plazo. El AGM refuerza un patrón de integración más sofisticado, alineado con estándares elevados en industria avanzada, transición energética y servicios digitales. No se trata solo de vender más, sino de integrarse mejor.
Conviene, sin embargo, evitar lecturas complacientes. El acuerdo no transforma estructuras productivas por sí mismo. Es una plataforma, no un resultado. Su función es reducir incertidumbre, bajar costos regulatorios y ofrecer un marco creíble para inversiones de largo plazo. En el actual proceso de nearshoring, esta diferencia es crucial, los países que capturan valor no son los más baratos, sino los más confiables.
El impacto del AGM es también normativo y político. Los compromisos en desarrollo sostenible, derechos laborales y combate a la corrupción no son concesiones marginales, sino mecanismos de convergencia regulatoria. En la economía política contemporánea, los estándares operan como filtros de acceso a mercados, financiamiento y tecnología.
Nada de esto se materializa de manera automática. La implementación del acuerdo exigirá una diplomacia económica activa y profesional, capaz de identificar oportunidades concretas, anticipar fricciones regulatorias y sostener la credibilidad de México como socio confiable. En un sistema internacional donde la incertidumbre ya no es coyuntural sino estructural, diversificar no es una consigna ideológica, sino una estrategia de protección y de poder. El AGM no promete resultados inmediatos, pero sí ofrece algo cada vez más escaso en la política internacional contemporánea, margen de maniobra frente a un mundo crecientemente volátil.
Columna Invitada
