José Carreño / La marca de las relaciones entre Estados Unidos y México en 2026 será la continua presión que el gobierno del presidente Donald Trump ejercerá sobre su contraparte mexicana, en gran medida en base a la situación del acuerdo de comercio México-Estados Unidos--Canadá (T-MEC).
El impredecible estilo de gobierno de Trump y sus necesidades políticas, domésticas y externas, complican la que normalmente es una relación enrevesada.
Fausto Carbajal / A nivel global, los Estados enfrentan escenarios cada vez más complejos para su seguridad nacional en México, tal como lo deja entrever el más reciente Reporte sobre Riesgos Globales 2026 del Foro Económico Global. Los antagonismos actuales revelan tal transformación que exigen respuestas integrales, a fin de salvaguardar la integridad, permanencia y estabilidad de los países, así como el bienestar de sus poblaciones. México no es la excepción.
Aribel Contreras / Analiza la situación en Irán y subraya que no se trata de dividir a la comunidad internacional entre “buenos y malos”, sino de comprender un escenario marcado por intereses geopolíticos y geoeconómicos. Destaca la importancia de que Irán se apegue a su Constitución y a los tratados internacionales, así como la necesidad de que Estados Unidos evite avivar tensiones para contribuir a la desescalada del conflicto.
Aribel Contreras / Señala analiza el panorama internacional: la tensión en Medio Oriente, el juego político en Venezuela y las aspiraciones de Trump respecto a Groelandia.
José Carreño / La marca de las relaciones entre Estados Unidos y México en 2026 será la continua presión que el gobierno del presidente Donald Trump ejercerá sobre su contraparte mexicana, en gran medida en base a la situación del acuerdo de comercio México-Estados Unidos--Canadá (T-MEC).
El impredecible estilo de gobierno de Trump y sus necesidades políticas, domésticas y externas, complican la que normalmente es una relación enrevesada.
Fausto Carbajal / A nivel global, los Estados enfrentan escenarios cada vez más complejos para su seguridad nacional en México, tal como lo deja entrever el más reciente Reporte sobre Riesgos Globales 2026 del Foro Económico Global. Los antagonismos actuales revelan tal transformación que exigen respuestas integrales, a fin de salvaguardar la integridad, permanencia y estabilidad de los países, así como el bienestar de sus poblaciones. México no es la excepción.
Aribel Contreras / Analiza la situación en Irán y subraya que no se trata de dividir a la comunidad internacional entre “buenos y malos”, sino de comprender un escenario marcado por intereses geopolíticos y geoeconómicos. Destaca la importancia de que Irán se apegue a su Constitución y a los tratados internacionales, así como la necesidad de que Estados Unidos evite avivar tensiones para contribuir a la desescalada del conflicto.
Aribel Contreras / Señala analiza el panorama internacional: la tensión en Medio Oriente, el juego político en Venezuela y las aspiraciones de Trump respecto a Groelandia.
José Carreño / La marca de las relaciones entre Estados Unidos y México en 2026 será la continua presión que el gobierno del presidente Donald Trump ejercerá sobre su contraparte mexicana, en gran medida en base a la situación del acuerdo de comercio México-Estados Unidos--Canadá (T-MEC).
El impredecible estilo de gobierno de Trump y sus necesidades políticas, domésticas y externas, complican la que normalmente es una relación enrevesada.
Fausto Carbajal / A nivel global, los Estados enfrentan escenarios cada vez más complejos para su seguridad nacional en México, tal como lo deja entrever el más reciente Reporte sobre Riesgos Globales 2026 del Foro Económico Global. Los antagonismos actuales revelan tal transformación que exigen respuestas integrales, a fin de salvaguardar la integridad, permanencia y estabilidad de los países, así como el bienestar de sus poblaciones. México no es la excepción.
Aribel Contreras / Analiza la situación en Irán y subraya que no se trata de dividir a la comunidad internacional entre “buenos y malos”, sino de comprender un escenario marcado por intereses geopolíticos y geoeconómicos. Destaca la importancia de que Irán se apegue a su Constitución y a los tratados internacionales, así como la necesidad de que Estados Unidos evite avivar tensiones para contribuir a la desescalada del conflicto.
Aribel Contreras / Señala analiza el panorama internacional: la tensión en Medio Oriente, el juego político en Venezuela y las aspiraciones de Trump respecto a Groelandia.
Mónica Laborda / El Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea suele evaluarse con métricas que pertenecen a otra época. Se insiste en que el comercio con Europa representa apenas alrededor del 7% del total mexicano, como si el sistema internacional siguiera regido por reglas estables y decisiones puramente económicas.
Ese supuesto ya no existe. Hoy, el comercio es una extensión de la política de poder, y los acuerdos comerciales son instrumentos de posicionamiento estratégico.
El contexto global es decisivo. La fragmentación del orden internacional, la erosión del multilateralismo y la creciente integración entre economía, seguridad y tecnología han transformado la lógica del intercambio. Las cadenas globales de valor se reconfiguran no sólo por eficiencia, sino por criterios de confianza, afinidad regulatoria y alineamiento político. En este entorno, la dependencia excesiva deja de ser una ventaja comparativa y se convierte en una vulnerabilidad estructural.
Desde esta perspectiva, el Acuerdo Global Modernizado (AGM) no busca sustituir la relación con Estados Unidos, sino introducir redundancia estratégica. Diversificar no es cambiar de dependencia, sino evitar que una sola relación concentre riesgos económicos, regulatorios y políticos. La Unión Europea aporta atributos cada vez más escasos: estabilidad institucional, previsibilidad normativa y una lógica de comercio basada en reglas. En tiempos de volatilidad, estos elementos adquieren un valor estratégico propio.
El acuerdo también apunta a la calidad de la inserción internacional. El comercio con Europa se concentra en sectores intensivos en conocimiento, tecnología y capital humano, justamente aquellos que definen la competitividad de largo plazo. El AGM refuerza un patrón de integración más sofisticado, alineado con estándares elevados en industria avanzada, transición energética y servicios digitales. No se trata solo de vender más, sino de integrarse mejor.
Conviene, sin embargo, evitar lecturas complacientes. El acuerdo no transforma estructuras productivas por sí mismo. Es una plataforma, no un resultado. Su función es reducir incertidumbre, bajar costos regulatorios y ofrecer un marco creíble para inversiones de largo plazo. En el actual proceso de nearshoring, esta diferencia es crucial, los países que capturan valor no son los más baratos, sino los más confiables.
El impacto del AGM es también normativo y político. Los compromisos en desarrollo sostenible, derechos laborales y combate a la corrupción no son concesiones marginales, sino mecanismos de convergencia regulatoria. En la economía política contemporánea, los estándares operan como filtros de acceso a mercados, financiamiento y tecnología.
Nada de esto se materializa de manera automática. La implementación del acuerdo exigirá una diplomacia económica activa y profesional, capaz de identificar oportunidades concretas, anticipar fricciones regulatorias y sostener la credibilidad de México como socio confiable. En un sistema internacional donde la incertidumbre ya no es coyuntural sino estructural, diversificar no es una consigna ideológica, sino una estrategia de protección y de poder. El AGM no promete resultados inmediatos, pero sí ofrece algo cada vez más escaso en la política internacional contemporánea, margen de maniobra frente a un mundo crecientemente volátil.
Héctor Cárdenas / Durante casi 3 décadas, luego del fin de la Guerra Fría, la política exterior de Estados Unidos descansó sobre una premisa tan poderosa como aparentemente incuestionable: la seguridad estadounidense se veía reforzada en la medida en que se expandía un orden liberal internacional, basado en reglas, mercados abiertos, alianzas estables y valores democráticos compartidos. Los gobiernos podían discrepar en los instrumentos, en los costos aceptables o en la secuencia de prioridades, pero no en la idea central de que ese orden era deseable, sostenible y funcional a los intereses de Estados Unidos. Esa premisa ya no estructura la política exterior estadounidense.
De ahí la importancia de realizar un análisis comparativo del contenido de las Estrategias de Seguridad Nacional (NSS) publicadas por los gobiernos de los presidentes George W. Bush en 2006, Barack Obama en 2010 y 2015, Donald Trump en 2017, Joseph R. Biden en 2022 y Trump 2.0 en diciembre de 2025. La evolución de dichas NSS revela algo más profundo que un ajuste táctico o una simple corrección de rumbo. Lo que emerge es una transformación sustantiva en la manera en que Estados Unidos concibe el sistema internacional, redefine sus prioridades y entiende su propio lugar en el mundo. La NSS de 2025, emitida en el segundo gobierno de Trump, representa el punto de ruptura más claro hasta ahora: no solo abandona la aspiración de hegemonía liberal, sino que reorganiza la política exterior estadounidense en torno a una narrativa civilizatoria, en la que la identidad cultural, la ansiedad demográfica y la idea de decadencia moral pasan a formar parte explícita del concepto de seguridad nacional.
Este giro tiene también una dimensión geográfica inequívoca. A diferencia de estrategias anteriores —que alternaron entre el compromiso internacional y el repliegue selectivo—, la NSS de 2025 señala una recentralización deliberada de la estrategia estadounidense en el hemisferio occidental, resucitando la Doctrina Monroe bajo un nuevo “Corolario Trump”. En ningún espacio esta reorientación resulta tan visible y tan cargada de implicaciones como en Latinoamérica y, de manera particular, en México, el único país mencionado de forma reiterada y sustantiva en el documento.
Cómo ha cambiado la visión de Estados Unidos sobre el mundo
Bush: hegemonía liberal y misión democrática
La NSS de 2006 de Bush representa el punto más alto de confianza ideológica del periodo posterior a la Guerra Fría. Redactada a la sombra del 11-S, definía la seguridad estadounidense como inseparable de una lucha internacional contra una “nueva forma de totalitarismo”, y sostenía que la expansión de la democracia era, a la vez, un imperativo moral y una necesidad estratégica.
En esta visión, las amenazas provenían de Estados fallidos, regímenes autoritarios y redes extremistas. La respuesta era expansiva: cambio de régimen cuando fuera necesario, promoción de la democracia siempre que fuera posible, y consolidación de un orden internacional liderado por Estados Unidos y sustentado en valores universales. La globalización se asumía como benigna e inevitable; el liderazgo estadounidense, como estabilizador y, en última instancia, bienvenido.
Más que un documento de balance de poder, la NSS de Bush era una teoría de la historia, basada en la idea de una convergencia inevitable hacia la democracia liberal y en la convicción de que Estados Unidos debía acelerar ese proceso.
Obama: internacionalismo liberal bajo restricciones
Las NSS de Obama, de 2010 y 2015, introdujeron una dosis de realismo sin abandonar el marco liberal. El mundo que describían era más complejo, interdependiente y menos susceptible de transformaciones rápidas. El poder se estaba dispersando; las amenazas —cambio climático, pandemias, ciberseguridad— eran crecientemente transnacionales y no podían resolverse mediante el uso de la fuerza militar.
Obama puso el acento en las instituciones, las alianzas y la legitimidad derivada de la contención. La democracia y los derechos humanos siguieron siendo valores centrales, pero dejaron de presentarse como modelos universalmente exportables. Estados Unidos debía liderar, sí, pero hacerlo mediante coaliciones y reglas, no mediante imposiciones. Se trataba de un liberalismo sin triunfalismo: normativo y mundial, pero consciente de sus límites.
Trump 1.0: soberanía, competencia y rechazo del universalismo liberal
La NSS de 2017 de Trump marcó una ruptura clara. Rechazó la idea de que la globalización y las instituciones liberales sirvieran automáticamente a los intereses de Estados Unidos y redefinió la política internacional como un ámbito de competencia entre grandes potencias soberanas.
En este marco, las alianzas se volvieron transaccionales; las instituciones multilaterales, sospechosas, y la política económica, un componente central de la seguridad nacional. China y Rusia aparecieron como potencias revisionistas. Los déficits comerciales, la dependencia energética y la pérdida de capacidad industrial fueron reinterpretados como vulnerabilidades estratégicas.
Aun así, Trump 1.0 operaba fundamentalmente dentro de un marco materialista: poder, competencia, soberanía y reciprocidad. Los valores importaban, pero, sobre todo, como rasgos de identidad nacional, no como compromisos universales.
Biden: el orden liberal en un contexto de rivalidad sistémica
La NSS de 2022 de Biden intentó recuperar el lenguaje del orden liberal, pero lo hizo en un contexto mucho más adverso. El documento presentó el sistema internacional como un espacio de competencia entre modelos democráticos y autoritarios, con China como el principal desafío estructural y Rusia como un factor de disrupción inmediata.
Al mismo tiempo, Biden reconoció que amenazas transnacionales —clima, salud mundial y estabilidad económica— se habían convertido en ejes centrales de la seguridad nacional, incluso en medio de la rivalidad geopolítica. La cooperación con adversarios dejaba de ser opcional.
La estrategia de Biden combinó claridad ideológica con pragmatismo: la democracia seguía importando, pero la interdependencia debía gestionarse. No se trataba de expandir el orden liberal, sino de defenderlo en condiciones de erosión.
Trump 2.0: del nacionalismo estratégico a la defensa civilizatoria
La NSS de 2025 representa un cambio cualitativo respecto de sus predecesoras. En apariencia, se trata de un documento centrado en intereses: define de manera estricta la seguridad nacional, cuestiona los compromisos internacionales de largo alcance y enfatiza instrumentos como los aranceles, la política industrial y el control territorial del entorno inmediato. Sin embargo, bajo esa superficie emerge una transformación más profunda: un desplazamiento desde el realismo estratégico hacia una política exterior articulada en clave civilizatoria.
El lenguaje del documento sobre Europa resulta particularmente revelador. La NSS de Trump 2.0 advierte sobre la “erosión civilizatoria”, la decadencia cultural y el debilitamiento de la identidad occidental como consecuencia de la migración, el secularismo y las agendas progresistas. Estos fenómenos no son presentados como debates internos de las sociedades democráticas, sino como amenazas estratégicas que ponen en riesgo la continuidad de Occidente.
La NSS de 2025 no solo redefine la relación de Estados Unidos con el mundo, sino también la forma en que ese mundo es conceptualizado.
Al mismo tiempo, el hemisferio occidental aparece ya no como un espacio de cooperación o integración, sino como una zona de responsabilidad primaria y dominación estratégica de Estados Unidos. En este marco, la migración, el narcotráfico, la deslocalización cercana (nearshoring) y la presencia de potencias extrahemisféricas se integran en una narrativa de seguridad interna ampliada. Esta concepción deja abierta una pregunta crucial: ¿Latinoamérica —y particularmente México— forma parte del Occidente que el gobierno de Trump dice querer preservar o es simplemente un espacio que debe ser disciplinado y controlado?
Qué revela la NSS de 2025 sobre las prioridades y los instrumentos de Estados Unidos
La NSS de 2025 redefine el interés nacional de una manera que trasciende el realismo clásico. A los componentes tradicionales de poder —territorio, economía y capacidad militar— se suman ahora elementos vinculados a la identidad cultural, la cohesión social y el control demográfico. La seguridad deja de ser solo una cuestión externa y pasa a concebirse como una prolongación de los conflictos internos de la sociedad estadounidense.
En este marco, la migración adquiere un lugar central. Ya no es tratada como un fenómeno estructural ligado al desarrollo desigual o a crisis regionales, sino como una vulnerabilidad estratégica que debe ser contenida, externalizada y, en la medida de lo posible, neutralizada más allá de las fronteras estadounidenses. La política exterior se convierte así en una herramienta directa de gestión de la frontera.
La resurrección explícita de la Doctrina Monroe, acompañada del llamado Corolario Trump, cristaliza esta lógica. Estados Unidos declara que no tolerará la penetración estratégica de China o Rusia en el hemisferio occidental, reinterpretando decisiones soberanas de los países latinoamericanos —en infraestructura, energía, telecomunicaciones o financiamiento— como variables de una competencia geopolítica definida en Washington.
México ocupa una posición singular en este esquema, precisamente porque la NSS de 2025 rompe con una continuidad que se había mantenido, con matices, desde Bush hasta Biden. Durante ese periodo, México fue concebido como un vecino integrado al espacio norteamericano, cuyos problemas —comercio, seguridad fronteriza, crimen organizado o migración— se entendían como desafíos compartidos que requerían cooperación institucional y gestión conjunta de la interdependencia. Con Bush, México era casi invisible porque se asumía alineado al orden liberal; con Obama, emergió como socio clave de la competitividad y la gobernanza de Norteamérica; con Trump, en su primer mandato, fue tratado de forma más transaccional y securitizada, pero aún como un interlocutor necesario, y con Biden, volvió a ser presentado como un socio indispensable para administrar riesgos regionales.
La NSS de 2025 rompe esa lógica: México aparece como un actor de primera línea en materia migratoria, de seguridad y de cadenas productivas, pero ya no como un socio estratégico en pie de igualdad. Resulta particularmente llamativa la ausencia de una visión de Norteamérica como bloque, pese a la centralidad del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y de la integración productiva. La estrategia privilegia una lógica funcional y jerárquica: México como plataforma manufacturera y amortiguador de riesgos, más que como coprotagonista de una estrategia continental compartida.
Implicaciones para socios y aliados
Para los aliados tradicionales de Estados Unidos en Asia y Europa, la NSS de 2025 introduce un elemento nuevo y perturbador: a los criterios materiales de contribución y capacidad se suman ahora juicios implícitos sobre orientación cultural e identidad política. La pertenencia al “Occidente” deja de definirse exclusivamente en términos institucionales o normativos y pasa a estar mediada por percepciones sobre cohesión social, valores tradicionales y resistencia al cambio cultural.
En Latinoamérica, el impacto adopta una forma distinta, pero no menos profunda. Los países de la región no son concebidos como parte de una comunidad civilizatoria compartida ni como aliados ideológicos en una competencia mundial entre democracia y autoritarismo. Tampoco aparecen como socios estratégicos con capacidad de codiseñar el orden regional. Son, ante todo, espacio estratégico: fuente de riesgos que deben ser contenidos, de oportunidades económicas que deben ser aprovechadas y de posibles aperturas para la influencia de potencias rivales.
Esta mirada tiene consecuencias prácticas. Las relaciones tienden a securitizarse: la migración, el crimen organizado, la energía o la deslocalización cercana se abordan prioritariamente desde la óptica del control y la prevención de amenazas, más que desde la cooperación para el desarrollo o la integración de largo plazo. Para países como Brasil, Colombia o los Estados centroamericanos, esto implica una relación más asimétrica y condicionada.
Para México, la paradoja es especialmente aguda. Es indispensable para la seguridad y la competitividad de Estados Unidos, pero rara vez es tratado como un socio estratégico pleno. Está dentro del perímetro de seguridad estadounidense, pero fuera de su imaginario político y civilizatorio. Esta ambigüedad erosiona la posibilidad de una relación verdaderamente estratégica y refuerza una lógica de dependencia funcional.
Implicaciones para los competidores estratégicos
Para China, la NSS de 2025 establece límites más claros a su presencia en el hemisferio occidental. Latinoamérica deja de ser un espacio relativamente abierto para la diplomacia económica y pasa a ser un terreno crecientemente vigilado, en el que las inversiones, los proyectos de infraestructura y los acuerdos tecnológicos son evaluados a la luz de criterios de seguridad definidos por Washington.
Sin embargo, la estrategia estadounidense presenta una contradicción: al no ofrecer una visión positiva y creíble de desarrollo compartido para la región, corre el riesgo de contener sin sustituir. Esto puede encarecer la presencia china, pero no necesariamente eliminarla, especialmente en países que perciben escasos beneficios de una relación asimétrica con Estados Unidos.
Rusia, por su parte, se beneficia indirectamente del debilitamiento del consenso occidental y del abandono del lenguaje normativo. Aunque su capacidad económica en Latinoamérica es limitada, conserva margen para la disrupción política, la cooperación simbólica y el aprovechamiento de resentimientos históricos frente a Estados Unidos. La fragmentación del concepto de Occidente juega a su favor, incluso sin una presencia material significativa.
Qué resultados cabe esperar en el corto y mediano plazo
En el corto plazo, es previsible un aumento sostenido de la presión estadounidense sobre México en materia migratoria, de control del narcotráfico y de limitación de la presencia china. La relación bilateral tenderá a profundizar su carácter securitario, con menos espacio para una agenda positiva de integración política o institucional.
En Latinoamérica en general, es probable que se intensifique una dinámica de equilibrio precario: los gobiernos buscarán evitar una confrontación directa con Estados Unidos sin renunciar del todo a márgenes de autonomía frente a China u otros actores. Esta estrategia de cobertura (hedging) será cada vez más difícil de sostener.
En el mediano plazo, el riesgo es la consolidación de un orden hemisférico más jerárquico y menos cooperativo, en el que la proximidad geográfica no se traduzca en inclusión estratégica. La ausencia de una narrativa de integración —particularmente en Norteamérica— puede limitar el potencial de las cadenas productivas regionales y generar tensiones políticas crecientes.
Para México, el desafío será evitar quedar atrapado en el papel de zona tampón: absorber los costos de la seguridad, la migración y la deslocalización cercana sin acceder a una influencia proporcional en la definición de las reglas del juego.
Un giro civilizatorio con consecuencias hemisféricas
La NSS de 2025 no solo redefine la relación de Estados Unidos con el mundo, sino también la forma en que ese mundo es conceptualizado. Reduce la ambición internacional, recentra el hemisferio y redefine Occidente en términos culturales, más que políticos.
Para Europa, esto plantea interrogantes profundos sobre pertenencia y alineamiento. Para Latinoamérica —y de manera particularmente aguda para México— plantea una pregunta aún más incómoda: si la cercanía geográfica implicará integración estratégica o simplemente subordinación funcional.
Si Estados Unidos aspira a dominar su entorno inmediato sin integrarlo de manera genuina, corre el riesgo de reproducir las inseguridades que dice querer erradicar. Para México, navegar esta nueva etapa exigirá una diplomacia más estratégica, capaz de afirmar su centralidad sin aceptar pasivamente una relación definida exclusivamente en términos de contención y control.
Alejandra López de Alba / En las próximas semanas, el COMEXI dará a conocer el análisis “La modernización del Acuerdo Global México–Unión Europea”. Llega en un momento en el que México tiene una oportunidad clara: ampliar su horizonte internacional con una alianza que combina acceso a mercado, cooperación tecnológica y convergencia con las grandes transformaciones productivas del siglo XXI.
El Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea ha de interiorizarse como una herramienta para construir capacidades nacionales. Su valor no está solo en el comercio, sino en lo que habilita: inversión con mayor certidumbre, colaboración en innovación, estándares que elevan productividad y una plataforma para que empresas mexicanas —incluidas pymes— se inserten mejor en cadenas globales de valor. En un entorno geopolítico más complejo, diversificar vínculos es, ante todo, una estrategia de fortalecimiento: sumar opciones para que México avance con más estabilidad y más autonomía de decisión.
Europa, además, está acelerando la transición verde y digital. Esto abre un espacio concreto para México: atraer proyectos en energías renovables, manufactura avanzada, economía circular, digitalización industrial y servicios basados en conocimiento. Con el acuerdo modernizado, el país puede convertir esa ventana en una ruta de crecimiento sostenido, conectando su base manufacturera con nuevas demandas europeas y elevando el contenido tecnológico de lo que producimos y exportamos.
La clave es aprovechar el acuerdo como palanca de política pública. Ratificarlo con celeridad y preparar su implementación con visión de resultados permitiría traducirlo en empleo formal, productividad y mayor sofisticación exportadora. Para ello conviene impulsar un paquete de implementación: acompañamiento a pymes para cumplir estándares y certificaciones; financiamiento y herramientas de inteligencia de mercado para su internacionalización; coordinación entre diplomacia económica y política industrial para atraer inversiones estratégicas; y una agenda de cooperación enfocada en talento, innovación y transición energética.
El análisis del COMEXI ayuda a colocar estas prioridades en la conversación pública: cómo convertir un instrumento internacional en una estrategia nacional. Si se ejecuta con ambición, el Acuerdo Global Modernizado puede ser más que un tratado: puede ser un puente hacia nuevas oportunidades globales, un impulsor de competitividad y un ancla de largo plazo para el México que queremos construir en un mundo cambiante.
Apostar por una relación más profunda con la Unión Europea no significa elegir entre socios; significa sumar capacidades. En esa lógica, la modernización del Acuerdo Global es una decisión con visión de Estado: suma capacidades, diversifica oportunidades y fortalece el presente y el porvenir de México.
Héctor Cárdenas / A pocas semanas de que el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales presente un nuevo análisis sobre la modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, vale la pena detenernos a reflexionar por qué este instrumento —negociado con paciencia durante casi una década— es hoy más relevante que nunca para la estrategia internacional y de desarrollo de México.
El momento no es casual. México se encuentra en un entorno internacional marcado por una creciente fragmentación geopolítica, tensiones comerciales recurrentes y un grado de incertidumbre inédito en su relación con Estados Unidos, su principal socio económico. En este contexto, avanzar con rapidez en la ratificación e implementación del Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea no es solo una buena noticia comercial: es una decisión estratégica de primer orden para diversificar riesgos, fortalecer alianzas y ampliar el margen de maniobra internacional del país.
El análisis que COMEXI dará a conocer pone el acento en un punto central: la modernización del Acuerdo Global no debe entenderse como una mera actualización técnica de un tratado vigente desde el año 2000, sino como una herramienta integral de política exterior y desarrollo económico. El nuevo acuerdo articula de manera más ambiciosa sus tres pilares —diálogo político, cooperación y comercio— incorporando compromisos en sostenibilidad, transición energética, digitalización, inversión, derechos laborales y cooperación tecnológica, en línea con los grandes ejes de transformación de la economía global.
Desde la perspectiva mexicana, los beneficios potenciales son significativos. El acceso ampliado y modernizado al mercado europeo —el mayor bloque económico del mundo—, la eliminación progresiva de aranceles para una proporción sustantiva de bienes agroalimentarios e industriales, la apertura de oportunidades en compras públicas y el fortalecimiento de la protección a las inversiones crean condiciones favorables para una inserción más sofisticada de México en cadenas globales de valor. Estas oportunidades son particularmente relevantes en sectores estratégicos como energías renovables, manufactura avanzada, digitalización industrial, biotecnología y economía circular, donde Europa busca socios confiables y de largo plazo.
Pero el análisis de COMEXI es claro en subrayar que el verdadero valor del Acuerdo Global Modernizado va más allá de las cifras comerciales. En un contexto de tensiones geoeconómicas, el acuerdo refuerza la proyección internacional de México como un actor comprometido con el multilateralismo, el Estado de derecho, el comercio basado en reglas y el desarrollo sostenible. Al profundizar su relación con la Unión Europea, México envía una señal inequívoca de diversificación estratégica y de apuesta por alianzas equilibradas con distintos centros de poder, sin abandonar —pero sí complementando— su estrecha integración con América del Norte.
Esta dimensión estratégica cobra especial relevancia ante la volatilidad que caracteriza hoy la relación México–Estados Unidos. Sin caer en lecturas dramáticas ni en falsas disyuntivas, el análisis señala que reducir vulnerabilidades externas pasa necesariamente por ampliar y consolidar otros vínculos de alta densidad económica y política. La Unión Europea aparece, en este sentido, como un socio natural y subutilizado, con el que México comparte valores, intereses de largo plazo y una historia de cooperación que cumple ya 25 años bajo el marco del Acuerdo Global.
Ahora bien, el documento también advierte sobre los riesgos de la inacción. El proceso de ratificación —complejo por la naturaleza mixta del acuerdo en el ámbito europeo— exige una estrategia diplomática activa y coordinada. Otros países de América Latina han avanzado con mayor rapidez en sus acuerdos con la Unión Europea, lo que incrementa la competencia por inversiones, proyectos estratégicos y acceso preferencial al mercado europeo. Para México, postergar decisiones o minimizar la importancia política del proceso implicaría perder una ventana de oportunidad difícil de recuperar.
De ahí que uno de los mensajes centrales del análisis sea la necesidad de actuar con sentido de urgencia. Acelerar la ratificación en el Senado mexicano, fortalecer las capacidades institucionales para la implementación, acompañar a las pymes en su proceso de internacionalización y articular mejor la diplomacia económica con una política industrial moderna son condiciones indispensables para traducir el acuerdo en resultados tangibles. Sin estos esfuerzos, el Acuerdo Global Modernizado corre el riesgo de quedarse en el papel.
En este contexto, la decisión de COMEXI de elaborar y difundir este análisis adquiere una relevancia particular. Fiel a su vocación como espacio plural, independiente y de reflexión estratégica, COMEXI busca colocar el debate sobre la relación México–Unión Europea en el centro de la agenda pública y de la toma de decisiones. Este documento no solo sintetiza los beneficios y desafíos del acuerdo, sino que propone líneas de acción concretas para maximizar su impacto en la economía y la proyección internacional de México.
En las próximas semanas, COMEXI estará difundiendo ampliamente este análisis entre actores clave: responsables de política pública, legisladores, sector empresarial, academia y aliados internacionales. La intención es clara: contribuir con evidencia, análisis riguroso y visión de largo plazo a una discusión que será determinante para el futuro posicionamiento de México en el mundo.
La modernización del Acuerdo Global con la Unión Europea representa una oportunidad estratégica que México no puede darse el lujo de postergar. En un entorno internacional incierto, apostar por alianzas sólidas, diversificadas y basadas en valores compartidos es una señal de madurez y de visi��n de Estado. Con este nuevo análisis, COMEXI reafirma su compromiso de seguir impulsando la reflexión estratégica sobre los grandes temas de la política exterior mexicana y de aportar insumos útiles para la toma de decisiones en un momento clave para el país.
El presente documento compila ideas y sugerencias derivadas de las mesas de diálogo establecidas durante el evento México y Canadá: Sumando esfuerzos en momentos inciertos, organizado entre Agil(e), la Cámara de Comercio del Canadá en México (CanCham) y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI).
En la Unión Americana se extendió la idea de que sus socios traicionaron y burlaron su confianza. Ya no son el buen vecino o aliados comerciales. Quizá los más cercanos han sido los más confundidos y los más obtusos en reaccionar. México ha sido presentado como un compañero desleal en la opinión pública de EU.
La queja vibra en Washington y los 50 estados de la Unión, si bien no es absoluta. Apela a abusos comerciales, tráfico de drogas, irresponsabilidad en seguridad, visas de trabajo y hasta becas mal usadas. “Muerte hecha en México: traficantes van con fentanilo”, reflejó un titular del periódico Los Angeles Times a finales de 2019. “Europa es disfuncional hoy” apreció el Vicepresidente J.D. Vance.
Compañeros históricos han sido hostigados con aranceles comerciales. Canadá, México y la Unión Europea son los más visibles. Los canadienses fueron sancionados con un 10% en energía y 35% en todos los productos fuera del T-MEC, por el supuesto cruce de estupefacientes químicos. Los mexicanos recibieron 25% en todo lo que no está contemplado en el acuerdo trilateral. El Presidente Trump anunció que “tarifa (tariff) es la palabra más bella del diccionario”.
La Unión Europea y la OTAN han sido acusadas de abusar del financiamiento estadounidense en seguridad. A mediados de 2025, la UE obtuvo un 15% de aranceles en la mayoría de sus exportaciones a Estados Unidos, además la Casa Blanca afirmó que mantendría cargas del 50% en acero, aluminio y cobre europeos.
Uno de los errores de los socios más cercanos de EU es suponer que el conyugue que tenían tras la segunda Guerra Mundial es el mismo. Sus intereses e identidades cambiaron. La Unión Americana tiene hoy otro perfil demográfico, económico y político, que no es necesariamente el de la democracia liberal de antaño.
Se suele pensar que las únicas preocupaciones acerca de la nación mexicana son materiales, empleos, migración o violencia, mas hay un gran contenido emocional. Los mexicanos no ayudan al sueño o “sentimiento americano de negocios”. México sería desleal porque genera pobreza en lugar de un crecimiento de Norteamérica. Canadá debiera ayudar también.
En los tres frentes, falta la empatía cultural de los años 90. Tras un cuarto de siglo del TCLAN, la población mexicana no ha acelerado su capacidad para comunicarse en inglés, una herramienta que le facilitaría el día a día con EU. Se ha demostrado, los migrantes anglohablantes comenten menos errores, infracciones y regularizan más rápido su residencia.
De este lado, sólo cerca del 5% de los mexicanos es angloparlante, lo que genera afectaciones reales. Este octubre, 5,000 choferes de transporte -que manejan entre México y EU- fueron suspendidos y perdieron la licencia porque no dominan el idioma, según la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga.
Estados Unidos es una gran economía, con problemas internos y según su sentir, espera ayuda de sus socios. ¿Cómo atender eso sin afectar el interés nacional propio? Urge difundir internacionalmente la “idea debilitada” de una Norteamérica de 3 países y de ventajas comunes. Para acercarse a la nueva sociedad norteamericana y sus miembros también importa hacerlo en inglés, sea con Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York o Vivek Ramaswamy, excandidato presidencial de origen indio.
Las finanzas descentralizadas (De Fi en inglés), se han instalado en la conversación pública reciente junto con el bitcoin y la inteligencia artificial. Aunque ya no son novedad, aun siguen siendo un proyecto un tanto lejano para la mayoría de nosotros.
En esencia, las De Fi se presentan como un ecosistema financiero cuya principal característica es que son los propios usuarios quienes intercambian activos y ofrecen los servicios financieros (transferencias, seguridad, mantenimiento de la plataforma y servidores). No es un ambiente fácil de comprender, pues realmente parten de un ecosistema además de ajeno, fuera de las reglas y componentes tradicionales que conocemos: como la banca o las leyes.
Esta arquitectura trae ventajas evidentes. La primera es soberanía del usuario: al no existir una autoridad central, la custodia y el control de los activos recaen en quien los posee. La segunda es acceso: la participación no depende de un historial crediticio o de pertenecer al sistema bancario formal. Es decir, la puerta está abierta.
Pero aquí aparece el primer espejismo: abrir la puerta no equivale a remover barreras. Si las barreras a la entrada son conocimientos técnicos, exposición a alta volatilidad, riesgos de ciberseguridad y la posibilidad de perderlo todo por un error de custodia, entonces hemos trasladado a los individuos la carga que antes asumían los intermediarios regulados (soporte, seguros, cumplimiento normativo). La promesa de inclusión puede volverse una trampa por otras vías.
Aparte de los pro, también hay contras: no existe autoridad que pueda mediar entre usuarios. Sin una entidad que medie disputas o repare daños, los fraudes y hackeos son parte del riesgo sistémico del sector. A esto se suma una brecha de adopción: el universo de usuarios capaces de navegar llaves privadas, wallets, firmas y protocolos es menor, y más limitado que el de quienes “simplemente” usan internet o banca móvil.
Conviene ser precisos sobre el estado actual de uso. El caso de uso dominante de sigue siendo el intercambio de criptoactivos, con bitcoin y Ethereum como referentes. La utilidad social y la rentabilidad sostenible de estas aplicaciones dependerán, en buena medida, de que crezca una participación informada y de que los riesgos sean gestionados y entendidos con amplia participación y claridad.
Hay un ángulo que no puede perderse de vista: la inclusión con perspectiva de género. Si las De Fi quieren cumplir su promesa, debe cerrar las brechas que reproduce el mundo físico: acceso a formación técnica, redes, financiamiento y liderazgo. En ese sentido, vale mirar iniciativas que actúan donde más duele: SheFi, por ejemplo, abre su Cohort 16 para formar y acompañar a mujeres jóvenes en cripto y DeFi. No es filantropía; es estrategia. Un ecosistema con más diversidad es un ecosistema más seguro, más intuitivo y más robusto.
Las DeFi no son la panacea y distan mucho de abrir el sector financiero tan ampliamente como lo promete. Me parece que es un laboratorio con innovaciones valiosas y riesgos reales. Si queremos que más personas se integren al movimiento, es sumamente importante ampliar la alfabetización digital y financiera que no deje a nadie atrás. Solo entonces la puerta abierta conducirá a un sistema verdaderamente más amplio no a un pasillo de espejismos.
La Conferencia de las partes (COP) se llevará a cabo en la ciudad de Belém, Brasil, del 10 al 21 de noviembre de 2025. La pregunta es: ¿realmente se cumplirán los compromisos establecidos en 2015 tanto en la Agenda 2030 como en el Acuerdo de París de 2015?
A 10 años de la firma de ambos instrumentos por la comunidad internacional, la respuesta es incierta, ya que la tendencia de los compromisos de los países muestra un claro declive. Según el informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, solo el 17% de las 169 metas que contienen los 17 ODS están por cumplirse. Lo anterior tuvo mucho que ver con la pandemia de COVID-19 y con los conflictos armados y tensiones geopolíticas.
En lo que respecta al Acuerdo de París, los países deben aumentar su ambición climática presentando nuevas contribuciones determinadas a nivel nacional si se quieren cumplir con los 3 objetivos: mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2°C, con esfuerzos para limitarlo a 1.5°C, incrementar las capacidades de adaptación y resiliencia y alinear los flujos financieros. Eso se traduce en reducir el calentamiento global basado en los enfoques de adaptación y mitigación.
Desgraciadamente, los países más desarrollados están financiando la industria fósil y armamentística y han ralentizado las transformaciones de la Agenda 2030. Además, siguen faltando mecanismos para proteger a las personas más vulnerables y los recursos económicos prometidos a los países del Sur Global siguen sin entregarse en su totalidad. Tampoco se han impulsado medidas para fomentar la economía circular y la democracia registró un mínimo histórico en 2024. Con datos del Banco Mundial, el 72.5% de la población mundial vive en países con derechos restringidos.
Las expectativas de tener una respuesta a la emergencia ambiental, es decir, a la crisis climática, a la pérdida de biodiversidad y a la contaminación atmosférica y oceánica, no se aprecian en el futuro inmediato. Si a esto se le agrega la crisis democrática, las amenazas contra la agenda feminista, los desplazamientos forzados a causa de las guerras y desastres naturales, la situación se torna poco favorable. Todos estos acontecimientos producen el círculo vicioso de pobreza, hambre y por ende, aumentan la brecha en las desigualdades sociales.
Parece que la comunidad internacional tiene puesta la mirada en la seguridad económica y energética y no en la seguridad humana o en la crisis climática. Mientras no se tenga un plan claro y vinculante que involucre a los gobiernos y a las empresas para cumplir con la transición justa y con la financiación climática, poco se logrará.
China y Estados Unidos son los países más contaminantes. El primero con un 30.7 % de las emisiones de CO2 mundial y el segundo con un 12.5 %, recordando que este ya no es parte del Acuerdo de París por segunda ocasión. La esperanza es que China se siga comprometiendo a disminuir sus emisiones de CO2 en la COP 30 y presione a otros países, incluyendo a los Estados Unidos para lograr los compromisos del 2015 en pro del bien común y trazar el camino hacia las emisiones cero.
La inminente revisión del T-MEC llega en un momento de alta tensión global. Estados Unidos busca fortalecer su posición comercial endureciendo aranceles y reglas de origen, mientras México intenta conservar su papel como socio estratégico en la región. En este entorno, el sector de autopartes —responsable de más del 20 % de las exportaciones nacionales y pieza esencial del entramado automotriz norteamericano— se coloca en el centro de la revisión.
Frente a ello, el país enfrenta una disyuntiva: preservar su integración con Estados Unidos y Canadá o reestructurar parcialmente su proveeduría global. Las autopartes no pueden trasladarse de un país a otro de la noche a la mañana; cada línea de producción requiere años de planeación, inversión y logística. Pretender reubicar fábricas o sustituir insumos de forma inmediata es, sencillamente, inviable. Por eso, México debe insistir en certidumbre, gradualidad y diálogo.
Sin embargo, también hay un lado luminoso. La electromovilidad y el desarrollo de software automotriz ofrecen una ventaja comparativa a México. Regiones como el Bajío y Occidente concentran talento joven y técnico, capaz de adaptarse a las nuevas demandas de digitalización y energía limpia. Esta transición podría convertirse en la gran oportunidad para reposicionar al país como líder en innovación dentro de la cadena automotriz de Norteamérica.
La colaboración con la Secretaría de Economía y la puesta en marcha de un programa de desarrollo de proveedores —que ya suma 55 empresas y busca incorporar 250 más en 2026— son pasos en la dirección correcta. Este esfuerzo, apoyado por Nafin, Bancomext y el Banco Mundial, permitirá sustituir progresivamente insumos importados y fortalecer la proveeduría local.
No obstante, la política comercial requiere sensibilidad: aplicar aranceles de manera indiscriminada podría perjudicar al consumidor final, elevando los precios de las refacciones y reduciendo la calidad. Por eso, el equilibrio entre proteger la industria y mantener la competitividad será el gran reto de esta revisión.
En este contexto, la certidumbre se vuelve un activo estratégico. Las decisiones de inversión no se toman en semanas, sino en años. Cada anuncio de una nueva planta o línea de producción refleja confianza en el entorno económico y político. México debe enviar una señal clara de estabilidad regulatoria y compromiso con la competitividad regional. Esto implica coordinación entre gobierno, industria y academia para impulsar innovación, energía limpia y talento técnico.
México no parte de cero ni de debilidad. Su red de talento, la experiencia acumulada en tres décadas de integración y su posición geográfica lo colocan como un actor indispensable. En un contexto de proteccionismo y reacomodo global, el país tiene la oportunidad de convertir la presión en estrategia: consolidar una industria de autopartes más tecnológica, sustentable y regionalmente fuerte. El reto es grande, pero también lo es la oportunidad de consolidar a México como el corazón productivo de Norteamérica.
Las startups verdes (ClimaTech) integran la sostenibilidad en sus modelos. Los sectores clave que dominan este espacio incluyen la energía, la gestión de residuos y la agroalimentación.
La innovación a menudo depende de tecnologías complejas o “tecnologías duras”, especialmente en el sector energético, como robótica, sensores, tecnologías de energía limpia y biotecnología, que requieren inversiones intensivas en investigación y desarrollo (I+D).
Sin embargo, la innovación también es cada vez más digital. Tecnologías digitales como la Inteligencia Artificial (IA), blockchain y el Internet de las Cosas (IoT) son componentes críticos de la “doble transición” necesaria para la acción climática, optimizando la eficiencia, garantizando la transparencia en la cadena de suministro y promoviendo resultados sostenibles. A pesar de su enorme potencial, las startups verdes enfrentan obstáculos significativos. Los altos costos iniciales de capital para I+D y la infraestructura ecológica representan una barrera importante. Muchas caen en el “valle de la muerte”, la brecha crítica entre la investigación inicial y la comercialización, donde las limitaciones de financiación provocan el fracaso de muchas empresas.
Los análisis sugieren que las startups verdes tienen menos probabilidades de obtener financiación de capital de riesgo (VC) en la etapa inicial en comparación con sus pares no verdes. Sin embargo, en general, son más propensas a obtener financiación de VC y significativamente más propensas a recibir fondos de subvenciones. Los instrumentos de apoyo público, como las subvenciones, son especialmente efectivos para promover la innovación enfocada en el medio ambiente, ya que atraen más inversión privada. Crear un ecosistema favorable requiere esfuerzos coordinados de inversores, gobiernos y organizaciones internacionales de desarrollo para reducir riesgos e incentivar el crecimiento.
En este dinámico panorama global, las economías emergentes de América Latina (LATAM) están dando un paso adelante. México es el segundo mercado de startups más grande de América Latina, sólo por detrás de Brasil. La innovación que ocurre aquí es crucial, ya que representa una solución poderosa para los desafíos que enfrenta el país. El centro principal de México, la Ciudad de México, es un centro de innovación en rápida expansión, que combina una rica energía cultural con un creciente talento tecnológico. Se encuentra en el rango #31-40 del Ranking de Ecosistemas de Startups Emergentes 2025 y ocupa la posición #2 en América Latina en factores clave de éxito: financiación, talento y experiencia, y desempeño. El ecosistema de startups de México muestra fortalezas sectoriales específicas que se alinean estrechamente con la transición global hacia la sostenibilidad:
Agtech y nuevos alimentos: La Ciudad de México es un centro de Agtech. En 2024, las startups del sector recaudaron $600 millones, utilizando IA, IoT y blockchain para la eficiencia de la cadena de suministro.
Fintech: En 2024, las fintechs mexicanas recaudaron $2.2 mil millones, lo que representa el 74% de la financiación de VC del país. Aproximadamente el 68% de estas fintechs utilizan IA.
Cadena de suministro y logística: El mercado de carga y logística de México alcanzó $116.9 mil millones en 2024. Proyectos como la expansión del Puerto de Manzanillo por $3.07 mil millones fortalecen el papel logístico clave de México.
Estas fortalezas sectoriales se ven reforzadas por ventajas geopolíticas significativas. La ubicación estratégica de México en el corazón de las Américas, combinada con acuerdos comerciales favorables como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), proporciona a las empresas extranjeras un acceso preferencial a los mercados globales. Además, México obtuvo la primera posición entre los mercados latinoamericanos en disponibilidad de talento calificado en el Ranking Mundial de Talento IMD 2024.
El ecosistema de startups de México, marcado por fuertes resultados de innovación y una posición estratégica en sectores alineados con la sostenibilidad como Agtech y logística, está preparado para desempeñar un papel vital en la transición verde global. El apoyo continuo de políticas específicas, mejoras institucionales e inversiones dedicadas es clave para garantizar que este mercado emergente alcance su máximo potencial como motor de crecimiento económico sostenible.
El encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur marcó una pausa, no una paz. El llamado acuerdo marco alcanzado en octubre busca reducir tensiones después de meses de amenazas de nuevos aranceles, controles de exportación y restricciones sobre tierras raras.
Pero más que un pacto sustantivo, es una tregua táctica: una forma de comprar tiempo. Y, en esta jugada, China ha demostrado una vez más su capacidad de maniobra frente a un Estados Unidos que parece más reactivo que estratégico.
Beijing ofreció lo mínimo indispensable —suspender por un año sus amenazas de restringir exportaciones de minerales críticos y aumentar compras de productos agrícolas estadounidenses— a cambio de concesiones significativas de Washington: una reducción de aranceles, la suspensión de nuevas sanciones tecnológicas y el congelamiento de investigaciones comerciales. Todo esto sin tocar los temas de fondo: el apoyo chino a Rusia, el exceso de capacidad industrial, ni el control de TikTok.
Es decir, Xi ganó una desescalada sin ceder terreno estructural. Aseguró acceso a mercados y tiempo para reorganizar sus cadenas de valor mientras mantiene su influencia en los sectores críticos —energía, minerales, tecnología— donde Estados Unidos depende de insumos chinos. En cambio, Trump obtuvo alivio temporal en los precios agrícolas y un titular favorable para su base electoral, pero no una victoria estratégica.
China llega a esta tregua con fortalezas notables:
Una economía aún en expansión, capaz de dirigir inversión estatal hacia sectores tecnológicos clave.
Control casi monopólico en el procesamiento de minerales críticos.
Capacidad diplomática para dividir a sus adversarios, ofreciendo acceso preferencial o inversión selectiva en Asia, África y América Latina.
Pero también con vulnerabilidades: un mercado interno que desacelera, tensiones demográficas y la necesidad de sostener el empleo industrial y la confianza del Partido Comunista en medio de un entorno global más hostil. Aun así, Xi ha convertido esas debilidades en incentivos para diversificar mercados y fortalecer la autosuficiencia tecnológica.
Estados Unidos, en cambio, se muestra no solo sensible sino vulnerable. Su dependencia de las cadenas de suministro chinas sigue siendo alta, y su política exterior se ha vuelto cada vez más transaccional. La obsesión de Trump con los aranceles y su maltrato a aliados tradicionales —desde Europa hasta Japón, México y Canadá— y países que se han resistido a entrar en la órbita de Beijing —India y Brasil— han debilitado la red de alianzas que históricamente le dio a Washington ventaja frente a cualquier rival.
El acuerdo en Corea del Sur no resuelve esa fragilidad; apenas la disimula. Sin embargo, sería un error considerar que Estados Unidos está acabado. Si la próxima administración —o incluso Trump mismo, si logra recalibrarse— reorienta su energía hacia la reconstrucción de alianzas, la inversión en innovación y la coherencia estratégica, el poder estadounidense puede renovarse. La historia reciente muestra que su capacidad de recuperación es extraordinaria.
En resumen, el encuentro Trump-Xi no redefine el equilibrio global; solo lo pospone. China ha ganado el primer asalto de esta nueva guerra de posiciones. Pero la partida sigue abierta, y dependerá de si Estados Unidos logra recordar que su mayor fuente de poder nunca fueron los aranceles, sino las alianzas.
En un reciente artículo titulado “Las cuatro iniciativas globales constituyen un importante bien público internacional”, el embajador de China en México, Chen Daojiang, recordó que la cooperación internacional no es una opción moral, sino una necesidad práctica –algo que el mundo parece haber olvidado.
En tiempos de crisis climática, inequidades económicas y tensiones geopolíticas, el destino común de la humanidad depende cada vez más de nuestra capacidad para producir y proteger lo que los economistas e internacionalistas denominamos como “bienes públicos globales”.
¿Qué son los bienes públicos globales (BPG)? En términos simples, son aquellos bienes, procesos o dinámicas que benefician a todas y todos. A diferencia de los bienes privados –como una casa o un automóvil–, los bienes públicos globales son no excluyentes (nadie puede ser dejado fuera de su beneficio), no rivales (el hecho de que alguien los use no reduce su disponibilidad para otros), globales en su alcance (trascienden fronteras nacionales) e intergeneracionales (sus efectos se extienden al futuro).
El aire limpio, la estabilidad climática, la paz internacional, la salud pública y el conocimiento científico son ejemplos claros. Así, los BPG son bienes que, si se pierden o deterioran, afectan a todos; y si se fortalecen, todos ganan. Sin embargo, su naturaleza colectiva implica un desafío, pues nadie tiene el incentivo exclusivo de financiarlos o protegerlos, porque los beneficios se reparten globalmente. De ahí surge la conocida “tragedia de los comunes”, donde la falta de cooperación lleva al deterioro de lo que es del público, global en este caso.
Frente a este dilema, la comunidad internacional necesita Estados capaces y dispuestos a liderar la provisión de BPG. En las últimas décadas, China ha asumido un papel cada vez más activo en esta tarea. Las cuatro iniciativas promovidas por el presidente Xi Jinping –Iniciativa para el Desarrollo Global, Iniciativa para la Seguridad Global, Iniciativa para la Civilización Global, e Iniciativa para la Gobernanza Global (IGG)– son ejemplos de cómo un país puede traducir su poder económico y diplomático en propuestas concretas de cooperación para el bien común.
Estas iniciativas no sólo buscan promover la paz o la prosperidad, sino también ofrecer una alternativa al enfoque competitivo que domina la política internacional. La lógica de estas se basa en el reconocimiento de que los grandes desafíos del siglo XXI –desde el cambio climático hasta la regulación tecnológica– no pueden resolverse de manera unilateral. En este sentido, China plantea una visión de gobernanza global centrada en la equidad, la inclusión y la interdependencia, donde el desarrollo y la seguridad no son privilegios nacionales, sino derechos compartidos.
Por supuesto, esta visión genera debates y tensiones. Algunos países interpretan la expansión del papel de China como una estrategia de influencia, mientras que otros ven en ella una oportunidad para diversificar las fuentes de liderazgo mundial. Lo cierto es que, en un sistema internacional marcado por la fragmentación y el retorno del nacionalismo, cualquier actor que impulse la cooperación merece ser escuchado.
Así, hablar de bienes públicos globales es hablar del futuro mismo del planeta. Si el mundo logra transitar de la competencia hacia la corresponsabilidad, si la innovación tecnológica y la economía se orientan a sostener la vida y no sólo el lucro, habremos dado un paso decisivo hacia un orden más estable y humano.
En el fondo, el mensaje del embajador Chen es un recordatorio de que la humanidad aún tiene la capacidad de construir bienes comunes universales. Pero, para hacerlo, necesitamos más diálogo, más cooperación y menos desconfianza. Los bienes públicos globales no se heredan ni se producen solos; se construyen, se cuidan y se comparten.
El ruido era el mismo cada noche. Un rugido lejano, metálico, que sacudía las ventanas. En la casa de doña María, en una colonia del norte de Sonora, nadie sabía si era el tren o los disparos.
Su hijo, Luis, de veintidós años, decidió irse “al otro lado” porque en el taller donde trabajaba ya no quedaban clientes: la carretera se volvió zona de nadie. En menos de dos años, el negocio cerró, el transporte subió de precio y los camiones dejaron de llegar por miedo a los bloqueos.
Lo que parecía un problema lejano —las rutas del narco, el fentanilo, las armas— terminó vaciando una comunidad entera.
Por eso la relación con Estados Unidos en materia de seguridad sí importa, aunque a veces parezca una discusión entre cancillerías. Lo que se decide en una mesa binacional termina afectando la vida cotidiana: la seguridad en las calles, el empleo, la posibilidad de que un hijo encuentre futuro o de que una madre pueda dormir tranquila.
La violencia en México no ocurre en el vacío. Se alimenta del flujo constante de dinero, armas y drogas que cruzan la frontera en ambas direcciones: de un lado, las pastillas de fentanilo; del otro, los rifles de asalto y los dólares ilícitos. Interrumpir ese circuito es el sentido real de la cooperación.
Hoy esa cooperación atraviesa una nueva etapa. Misión Cortafuegos marcó un punto de inflexión: un acuerdo para frenar el tráfico de armas hacia México y fortalecer la inspección en puertos, aeropuertos y cruces fronterizos. Incluye rastreo balístico, intercambio de inteligencia y la extensión del sistema eTrace a los 32 estados. EU intensificó las revisiones en sus puntos de salida para evitar que el mismo mercado que abastece su consumo interno alimente la violencia en el sur.
A esto se suma el Grupo de Implementación de Seguridad México–EU, que revisa los avances en drogas, armas, finanzas ilícitas y robo de combustible. En sus primeros reportes se documentan más de 18 000 detenidos, 144 toneladas de droga —1.5 de fentanilo y más de dos millones de pastillas—, 9 600 armas decomisadas y 839 laboratorios clandestinos desmantelados. Son cifras que muestran resultados, pero también la escala del reto: cada decomiso es solo una parte visible de una red que se regenera y se adapta.
El cambio más profundo está en el método. Por primera vez, la cooperación se apoya más en inteligencia, trazabilidad y control financiero que en despliegue militar. Se cruzan bases de datos balísticas, se rastrean precursores químicos y se comparten patrones financieros. El objetivo ya no es capturar más, sino desmantelar las redes que sostienen al crimen.
Y nada de eso funciona sin confianza. Compartir información sensible o planear extradiciones exige creer que el otro país no filtrará ni manipulará lo que recibe. Esa confianza no se decreta: se construye con tiempo y resultados. Después de años de tensiones, hoy hay señales claras de cooperación renovada entre agencias civiles, militares y fiscales de ambos lados.
En paralelo, se reforzaron los mecanismos de inteligencia financiera y el intercambio aduanero para identificar embarques sospechosos. También se incorporó el robo de hidrocarburos como prioridad binacional y se modernizaron los sistemas de inspección con sensores químicos y rayos gamma que permiten combatir el contrabando sin afectar el comercio legítimo.
¿Por qué debería importarle todo esto a la gente? Porque cada arma que no cruza la frontera es un asalto menos en alguna ciudad; cada laboratorio desmantelado, una familia menos en riesgo; cada dólar ilícito rastreado, un golpe a la economía del crimen. Cuando México y Estados Unidos cooperan con respeto y confianza, los resultados no se miden en comunicados, sino en vidas protegidas.
Doña María lo sabe sin leer informes. Cada vez que su hijo la llama desde Tucson, le dice que sueña con volver sin miedo. Esa es la verdadera frontera: no la que divide países, sino la que separa el miedo de la esperanza. Y cruzarla solo será posible si ambos lados la cuidan juntos.
El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) y la Unidad de Estudio y Reflexión sobre China, presentan el análisis: “El papel de China en materia de comercio e inversiones con los países de América del Norte".
El documento analiza cómo China se ha convertido en un actor central en la economía global y su presencia impacta directamente en América del Norte. Mientras Estados Unidos de América y Canadá endurecen regulaciones frente a capital chino en sectores estratégicos, México enfrenta señales contradictorias: recibe inversiones en manufactura, electrónica y automotriz, pero también impone aranceles y frena proyectos por presiones de Washington.
El análisis ofrece un diagnóstico, escenarios posibles y recomendaciones clave, enfatizando que México debe construir una narrativa estratégica que combine la estabilidad del T-MEC con la innovación y el financiamiento ofrecidos por China. Solo un enfoque pragmático, claro y coherente permitirá reducir vulnerabilidades, fortalecer cadenas de valor y proyectar a México como socio confiable y competitivo en la economía global.
En un reciente artículo titulado “Las cuatro iniciativas globales constituyen un importante bien público internacional”, el embajador de China en México, Chen Daojiang, recordó que la cooperación internacional no es una opción moral, sino una necesidad práctica –algo que el mundo parece haber olvidado.
En tiempos de crisis climática, inequidades económicas y tensiones geopolíticas, el destino común de la humanidad depende cada vez más de nuestra capacidad para producir y proteger lo que los economistas e internacionalistas denominamos como “bienes públicos globales”.
¿Qué son los bienes públicos globales (BPG)? En términos simples, son aquellos bienes, procesos o dinámicas que benefician a todas y todos. A diferencia de los bienes privados –como una casa o un automóvil–, los bienes públicos globales son no excluyentes (nadie puede ser dejado fuera de su beneficio), no rivales (el hecho de que alguien los use no reduce su disponibilidad para otros), globales en su alcance (trascienden fronteras nacionales) e intergeneracionales (sus efectos se extienden al futuro).
El aire limpio, la estabilidad climática, la paz internacional, la salud pública y el conocimiento científico son ejemplos claros. Así, los BPG son bienes que, si se pierden o deterioran, afectan a todos; y si se fortalecen, todos ganan. Sin embargo, su naturaleza colectiva implica un desafío, pues nadie tiene el incentivo exclusivo de financiarlos o protegerlos, porque los beneficios se reparten globalmente. De ahí surge la conocida “tragedia de los comunes”, donde la falta de cooperación lleva al deterioro de lo que es del público, global en este caso.
Frente a este dilema, la comunidad internacional necesita Estados capaces y dispuestos a liderar la provisión de BPG. En las últimas décadas, China ha asumido un papel cada vez más activo en esta tarea. Las cuatro iniciativas promovidas por el presidente Xi Jinping –Iniciativa para el Desarrollo Global, Iniciativa para la Seguridad Global, Iniciativa para la Civilización Global, e Iniciativa para la Gobernanza Global (IGG)– son ejemplos de cómo un país puede traducir su poder económico y diplomático en propuestas concretas de cooperación para el bien común.
Estas iniciativas no sólo buscan promover la paz o la prosperidad, sino también ofrecer una alternativa al enfoque competitivo que domina la política internacional. La lógica de estas se basa en el reconocimiento de que los grandes desafíos del siglo XXI –desde el cambio climático hasta la regulación tecnológica– no pueden resolverse de manera unilateral. En este sentido, China plantea una visión de gobernanza global centrada en la equidad, la inclusión y la interdependencia, donde el desarrollo y la seguridad no son privilegios nacionales, sino derechos compartidos.
Por supuesto, esta visión genera debates y tensiones. Algunos países interpretan la expansión del papel de China como una estrategia de influencia, mientras que otros ven en ella una oportunidad para diversificar las fuentes de liderazgo mundial. Lo cierto es que, en un sistema internacional marcado por la fragmentación y el retorno del nacionalismo, cualquier actor que impulse la cooperación merece ser escuchado.
Así, hablar de bienes públicos globales es hablar del futuro mismo del planeta. Si el mundo logra transitar de la competencia hacia la corresponsabilidad, si la innovación tecnológica y la economía se orientan a sostener la vida y no sólo el lucro, habremos dado un paso decisivo hacia un orden más estable y humano.
En el fondo, el mensaje del embajador Chen es un recordatorio de que la humanidad aún tiene la capacidad de construir bienes comunes universales. Pero, para hacerlo, necesitamos más diálogo, más cooperación y menos desconfianza. Los bienes públicos globales no se heredan ni se producen solos; se construyen, se cuidan y se comparten.
Las finanzas descentralizadas (De Fi en inglés), se han instalado en la conversación pública reciente junto con el bitcoin y la inteligencia artificial. Aunque ya no son novedad, aun siguen siendo un proyecto un tanto lejano para la mayoría de nosotros.
En esencia, las De Fi se presentan como un ecosistema financiero cuya principal característica es que son los propios usuarios quienes intercambian activos y ofrecen los servicios financieros (transferencias, seguridad, mantenimiento de la plataforma y servidores). No es un ambiente fácil de comprender, pues realmente parten de un ecosistema además de ajeno, fuera de las reglas y componentes tradicionales que conocemos: como la banca o las leyes.
Esta arquitectura trae ventajas evidentes. La primera es soberanía del usuario: al no existir una autoridad central, la custodia y el control de los activos recaen en quien los posee. La segunda es acceso: la participación no depende de un historial crediticio o de pertenecer al sistema bancario formal. Es decir, la puerta está abierta.
Pero aquí aparece el primer espejismo: abrir la puerta no equivale a remover barreras. Si las barreras a la entrada son conocimientos técnicos, exposición a alta volatilidad, riesgos de ciberseguridad y la posibilidad de perderlo todo por un error de custodia, entonces hemos trasladado a los individuos la carga que antes asumían los intermediarios regulados (soporte, seguros, cumplimiento normativo). La promesa de inclusión puede volverse una trampa por otras vías.
Aparte de los pro, también hay contras: no existe autoridad que pueda mediar entre usuarios. Sin una entidad que medie disputas o repare daños, los fraudes y hackeos son parte del riesgo sistémico del sector. A esto se suma una brecha de adopción: el universo de usuarios capaces de navegar llaves privadas, wallets, firmas y protocolos es menor, y más limitado que el de quienes “simplemente” usan internet o banca móvil.
Conviene ser precisos sobre el estado actual de uso. El caso de uso dominante de sigue siendo el intercambio de criptoactivos, con bitcoin y Ethereum como referentes. La utilidad social y la rentabilidad sostenible de estas aplicaciones dependerán, en buena medida, de que crezca una participación informada y de que los riesgos sean gestionados y entendidos con amplia participación y claridad.
Hay un ángulo que no puede perderse de vista: la inclusión con perspectiva de género. Si las De Fi quieren cumplir su promesa, debe cerrar las brechas que reproduce el mundo físico: acceso a formación técnica, redes, financiamiento y liderazgo. En ese sentido, vale mirar iniciativas que actúan donde más duele: SheFi, por ejemplo, abre su Cohort 16 para formar y acompañar a mujeres jóvenes en cripto y DeFi. No es filantropía; es estrategia. Un ecosistema con más diversidad es un ecosistema más seguro, más intuitivo y más robusto.
Las DeFi no son la panacea y distan mucho de abrir el sector financiero tan ampliamente como lo promete. Me parece que es un laboratorio con innovaciones valiosas y riesgos reales. Si queremos que más personas se integren al movimiento, es sumamente importante ampliar la alfabetización digital y financiera que no deje a nadie atrás. Solo entonces la puerta abierta conducirá a un sistema verdaderamente más amplio no a un pasillo de espejismos.
En la Franja de Gaza, estudiar se ha convertido en un acto de valentía y de resiliencia. Más de 645 mil niños permanecen sin clases desde octubre de 2023. Por los bombardeos, las escuelas fueron destruidas, convertidas en refugios o cerradas por completo. Según la UNESCO, más del 95% de los edificios escolares necesitan rehabilitación o reconstrucción.
Aun así, la educación persiste, como una llama que se rehúsa a apagarse, porque para el pueblo palestino, aprender no es solo un derecho, es una forma de existir y de lucha.
En un territorio donde las aulas son escombros, los libros se convierten cenizas y los maestros son objetivo de ataques, la enseñanza adquiere un significado distinto. No se trata solo de transmitir conocimiento, sino de preservar la memoria, la identidad y la esperanza. Cada cuaderno rescatado entre ruinas, cada maestro que enseña bajo una tienda improvisada, cada niño que escribe a la luz de una vela, son gestos de resistencia que desafían la lógica de la guerra.
Más de 45 mil niños de seis años no pudieron comenzar el nuevo ciclo escolar. La infancia palestina está creciendo sin pupitres, sin pizarrones y, a veces, sin familia. En los refugios se organizan clases; en las mezquitas se comparten lecturas; en los espacios digitales, cuando hay electricidad, los jóvenes intentan seguir conectados. En Gaza, el conocimiento se transmite de boca en boca, de memoria en memoria, como si enseñar fuera también una forma de salvarse.
La destrucción del sistema educativo palestino no es un daño colateral: es una estrategia que hiere el futuro. La ONU ha advertido sobre el scholasticide, la destrucción sistemática del saber, como una de las consecuencias más graves del conflicto. Porque cuando se destruyen escuelas, no solo se pierde infraestructura: se destruyen proyectos de vida, se interrumpe el pensamiento crítico, se anula la posibilidad de imaginar otro mañana.
Aun así, la educación palestina sobrevive. Es resistencia cultural y acto político. Es una afirmación de identidad frente a quienes buscan borrar la historia de un pueblo. En Gaza, estudiar es decir aún existo. Enseñar es afirmar “no me rindo”. Y aprender, en medio de la guerra, es la más poderosa forma de esperanza.
Mientras el mundo mira los escombros, miles de niños buscan una libreta; los maestros vuelven a trazar letras sobre una pared destruida; las familias siguen repitiendo a sus hijos: “sí puedes aprender”. Esa insistencia es un grito silencioso, una forma de resistencia que no necesita armas para ser poderosa.
Porque incluso cuando las bombas callan las voces, las niñas y los niños en Palestina siguen demostrando que el conocimiento también puede ser una forma de libertad, aun en situaciones de hambre y destrucción.
La resiliencia puede mostrarse de muchas formas, pero la educación y el pensamiento crítico, siempre serán los más poderosos.
Después de varias situaciones que se han venido suscitando en diferentes escuelas del Estado de México, con relación a difamaciones, extorsiones y maltratos sufridos por docentes de forma injustificada por parte de padres de familia, que, al no cumplir con su obligación de salvaguardar el derecho a la educación de sus hijos, prefieren agredir, violentar, extorsionar o difamar a los docentes y trabajadores de la educación de manera injustificada.
Esto se ha convertido en el pan de cada día para los docentes en el Estado de México y en todo el país, por lo que la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de México presidida por el Diputado Rigoberto Vargas Cervantes han propuesto una iniciativa de ley que permita salvaguardar a los docentes y a todo el personal que labora en instituciones educativas.
Dentro de la propuesta está que aquella persona que violente difame o extorsione a un trabajador de la educación, pueda recibir sanciones de 3 meses hasta 12 años de prisión dependiendo la gravedad, si esta propuesta de ley se logra concretar, sería uno de los recursos más valiosos e importantes que podría tener el magisterio mexiquense y un gran precedente para todo magisterio nacional.
La propuesta encabezada por el Diputado Rigoberto es un Proyecto de Decreto que busca garantizar el derecho a la integridad y seguridad personal de todas y todos los trabajadores de la educación de la Entidad, con miras a reconocer, proteger y fortalecer a dicho gremio, para ello se promueve la modificación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, del Código Penal en la Entidad y la Ley de Educación del Estado de México.
Con esto, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación de la LXII Legislatura del Estado de México da un paso firme en la salvaguarda de los derechos de los trabajadores de la educación en el Estado de México, buscando garantizar espacios libres de violencia, no solo para los estudiantes, también para los trabajadores de la educación con el fin de armonizar los espacios escolares que permitan brindar un servicio educativo de excelencia y en el marco de la Nueva Escuela Mexicana, promoviendo la justicia social de manera coherente y sustentada.
Este acto podría ser un verdadero ejemplo de lo que los diputados locales y federales pueden gestionar, en materia educativa, en pro a un derecho a la educación más sustentable para todos sus actores, así como, el que se busque salvaguardar derechos en los trabajadores de la educación cómo el derecho a la vida, vivir en libertad y seguridad y el derecho a un trabajo digno y que se tengan condiciones adecuadas para el mismo.
América Latina atraviesa una crisis educativa silenciosa, pero devastadora. Según la ONU, más de 234 millones de niños en el mundo no reciben educación de calidad, y una gran parte pertenece a nuestra región. En México, tres de cada diez personas aún viven en condiciones de pobreza (El País, 2025), y el IMCO advierte que la falta de salud, educación y nutrición suficientes limita el desarrollo humano de toda una generación.
A cinco años de la pandemia, los efectos siguen presentes: aulas que no se digitalizaron, programas obsoletos, docentes mal remunerados y estudiantes desmotivados. La OCDE señala que los jóvenes mexicanos no superan el nivel educativo de sus padres, rompiendo con la promesa del progreso intergeneracional. En un contexto donde la revolución tecnológica redefine el trabajo, millones de niños y adolescentes crecen sin las habilidades que el futuro exige: pensamiento crítico, competencias digitales y empatía.
Paradójicamente, mientras el mundo habla de la revolución tech 5.0, buena parte de los estudiantes latinoamericanos no tiene conexión estable a internet, ni acceso a dispositivos, ni espacios seguros para aprender. La brecha digital se ha vuelto una brecha social y emocional. Formamos jóvenes hiperconectados, pero sin dirección; rodeados de pantallas, pero con menos horizontes reales.
Sin embargo, entre los escombros surgen ejemplos luminosos. La escuela mexicana A Favor del Niño, ganadora del World’s Best School Prize 2025, demostró que una educación integral —basada en comunidad, salud, nutrición y acompañamiento familiar— puede romper ciclos de pobreza. En Brasil, la Escola Estadual Parque dos Sonhos transformó la violencia en convivencia y la desesperanza en participación. Ambos modelos prueban que la innovación educativa no siempre nace de la tecnología, sino de la empatía y el trabajo colectivo.
Frente a esta realidad, tres rutas son urgentes:
Reinvertir con visión de futuro: priorizar presupuestos en infraestructura, bienestar docente y conectividad.
Actualizar los contenidos: formar en habilidades humanas y tecnológicas sin caer en el culto al algoritmo.
Integrar comunidad y salud mental: porque ningún aprendizaje florece en entornos rotos.
Educar ya no puede ser solo instruir. Educar hoy es sanar, conectar y preparar a una generación que no solo sepa usar la tecnología, sino también entender su propósito.
La UER Rusia + presenta "El Ártico". Un documento de análisis esrito por Rubén Beltrán, Alejandra López de Alba, Diego Bentriz, Sebastián Garfias, Rainer Matos y Paulina Palencia.
La Unidad de Estudio y Reflexión Rusia+ presenta: "El horizonte ruso: balance de 2024 y escenarios en 2025".
Este documento analiza la situación de Rusia al cierre de 2024 y sus perspectivas para 2025, abordando desafíos económicos, geopolíticos y el conflicto en Ucrania. Se destacan las presiones internas por la guerra, el impacto de sanciones y el papel de actores clave como Siria, Asia Central, China, Europa y la OTAN, Estados Unidos y América Latina.
El presente documento compila ideas y sugerencias derivadas de las mesas de diálogo establecidas durante el evento México y Canadá: Sumando esfuerzos en momentos inciertos, organizado entre Agil(e), la Cámara de Comercio del Canadá en México (CanCham) y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI).
El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) presenta “La relación Europa-Estados Unidos: transformaciones y horizontes”, un documento del Programa de Jóvenes como parte de su compromiso con el análisis de los asuntos internacionales.
El Corredor de Zangezur, ahora denominado TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity), de 43 kms. Redibuja a Eurasia. Respaldado por Turquía y Azerbaiyán, con oposición de Armenia e Irán, Rusia lo ve con nerviosismo, Europa y China actúan con cautela. No es una ferrovía local. Se integra al denominado Corredor Medio (Middle Corridor) que comunica a China con Europa, vía terrestre –evitando a Rusia en el trasiego de mercancías–. La diplomacia gestiona un corredor que promete prosperidad o genera grandes peligros. Se traza el futuro de la región.
El 8 de agosto, Armenia y Azerbaiyán adoptaron en Washington, D.C, EU, una declaración atestiguando que sus Cancilleres rubricaran el Acuerdo para Establecer la Paz y Relaciones Inter-Estatales. Contrario a mucha difusión mediática, no se firmó ni ratificó tratado alguno, y menos aún entró en vigor.
Un dato relevante es que ocurrió en Washington, no en Moscú. El imperio que una vez dictó cada movimiento en la región está siendo desplazado con efectos ampliados. Por 30 años, con apoyo de Rusia, Armenia ocupó militarmente 20% de territorio azerbaiyano.
En 2020, Azerbaiyán recuperó gran parte, en 2023 –con Moscú distraída en Ucrania– recobró la totalidad. Armenia presenció el cambio. Rusia no era más el garante que antes fue. Recordemos que, tras desaparecer la URSS en 1991, para 2006, nuevos oleoductos de Kazajistán y Azerbaiyán rompieron el monopolio ruso sobre hidrocarburos del Cáucaso. Para 2020, igual ocurrió con el gas. El patio trasero ruso se vuelve jardín de juegos.
Con TRIPP, Asia Central desarrolla vínculos logísticos y de transporte para ampliar el flujo de mercancías entre China y Europa. Armenia teme perder soberanía, ya que Azerbaiyán se unirá con su exclave Nakchiván, y de ahí con Türkiye —corredor que amenaza marginar a Rusia e Irán del comercio euroasiático.
En 2022, tras la Segunda Guerra de Karabakh, ante un posible Corredor, Irán, igualmente preocupado por lazos Azerbaiyán-Israel, batió tambores y efectuó agresivos ejercicios militares en frontera con Azerbaiyán. Irán rechaza TRIPP pues participará ni beneficiará en el intercambio, y señala que lo bloqueará —con o sin apoyo ruso— y no quede aislado de Armenia, no socave la integridad territorial de esta y menos permita presencia de tropas extranjeras cerca de sus fronteras.
El rubricado acuerdo de paz se logró porque Armenia y Azerbaiyán se sentaron sin presencia de terceros (sin Rusia, EU, la Unión Europea). Türkiye lo apoya plenamente —incrementará participación en comercio con mayor presencia en Asia Central. La Unión Europea confía no haya complicaciones para que el petróleo, gas, mercancías y energía fluyan hacia ella sin interrupción. China observa atenta para un mayor flujo de mercancías hacia Europa.
Por otra parte, Rusia busca mejorar la relación con Azerbaiyán. Putin admitió 9OCT que Rusia es responsable de derribar 25DIC2024 un avión comercial azerbaiyano que dejó 38 muertos. Añadió podría haber compensación, sin embargo, tras la debida investigación jurídica.
Con la declaración de Washington el capítulo ruso parece cerrarse, EUA muestra interés pero falta confirmar si habrá de plantarse claramente en el Cáucaso. Todo, porque dos países se pusieron de acuerdo tras una guerra de más de 30 años. Un significativo cambio de paradigma.
Con casi 1,400 kilómetros de longitud, la frontera entre Sudán y Chad es una de las más extensas en ese rincón del continente africano, una de las más áridas y por ende de las más pobres, aunque también, contradictoriamente, una de las más ricas, en minerales de alto valor mercantil como el oro y el cobalto, particularmente en torno a la región sudanesa de Darfur. Una frontera, sobre todo, invisible al resto del mundo, en donde se desarrolla la más grave crisis humanitaria de la actualidad, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas
Desde abril de 2023, como resultado de los sangrientos enfrentamientos entre el ejército regular sudanés y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, o RSF, por sus siglas en inglés, la nación africana está enfrascada en una interminable guerra que se ha saldado, con particular saña, con la población civil del país. Según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, 4 millones de sudaneses han huido de Sudán para escapar de la espiral de violencia, alrededor de 1 millón de ellos, en su abrumante mayoría mujeres y menores de edad, la han hecho al vecino Chad.
Con un producto interno bruto de cerca de 20 mil millones de dólares, de acuerdo a estimaciones del Banco Mundial, Chad es, junto a Níger y la República Centroafricana, ambos dos también vecinos, uno de los países más pobres del continente. La llegada masiva de refugiados sudaneses a sus tradicionalmente paupérrimas y abandonadas provincias orientales ha generado a lo largo del último año y medio una creciente presión social, económica y política en la antigua colonia francesa.
Un informe dado a conocer en abril de este año por parte del reconocido centro de investigación geopolítica International Crisis Group al respecto de la situación en la frontera entre Chad y Sudán, indica que la población de la provincia chadiana de Ouaddaï, vecina a Sudán, se ha incrementado en cerca de 60% durante los últimos dos años a raíz del inesperado arribo de cientos de miles de refugiados sudaneses. La ONU afirma que, en promedio, 1,400 sudaneses cruzan la frontera entre ambos países diariamente. Una situación que está llevando al Chad, un país con recursos sumamente escasos, al límite, generando enfrentamientos entre la población local y la población refugiada y aumentando peligrosamente la presión sobre el delicado acceso al agua, al alimento y al combustible en la región.
La frontera entre Chad y Sudán es la protagonista de la mayor crisis humanitaria de nuestros días, una de las crisis quizá más ignoradas e invisibles para el mundo y, sin embargo, una de las que más requiere de su inmediata acción y asistencia. Ante los abrumantes recortes presupuestales que sufren las principales organizaciones humanitarias del orbe como resultado de la política aislacionista y beligerante de países donantes como Estados Unidos, es más necesario que nunca que desde México y América Latina tendamos la mano al África que más lo necesita.
Editora: Érika Ruiz Sandoval, Año: 4, Núm.: 42 | Semana del 5 al 12 de noviembre de 202.
Con la colaboración de: Andrés Herrera, Nicolás Ortuño Hidalgo, Imanol Baeza, Máximo Augusto Navarro, Samuel Solorzano Llaven, Alberto Rodríguez de la Torre, Alicia Saraí Lizárraga Padilla y Silvana Bianchessi Stieglitz
• Respuesta velada ante los ataques de Estados Unidos en el Caribe: el 11 de noviembre, la alta representante de la UE, Kaja Kallas, reafirmó la necesidad de la primacía del Derecho Internacional, el orden basado en normas y la democracia. Declaró que el uso de la fuerza solo es legítimo en defensa propia o bajo mandato directo del Consejo de Seguridad de la ONU. En una declaración conjunta, tanto la UE como diversos países de la Celac rechazaron toda actuación coercitiva contraria a estos principios, pero no nombraron explícitamente a Estados Unidos y sus ataques en el Caribe.
Europa en la COP-30
El 5 de noviembre, el Consejo de la Unión Europea aprobó en Bruselas la actualización de la contribución nacional al Acuerdo de París, manteniendo su meta de reducción neta del 55 % de emisiones para 2030. Se comprometió a triplicar la capacidad global de energías renovables, duplicar la eficiencia energética y acelerar la eliminación de combustibles fósiles sin mitigación. Dos días después, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, defendió la protección de bosques y océanos como factores esenciales en la lucha contra el cambio climático, destacando el Pacto Europeo por los Océanos, la Estrategia de Resiliencia del Agua y el Tratado de Alta Mar. Por su parte, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, denunció que el cambio climático provocó más de 200,000 muertes en España en cinco años debido a inundaciones y olas de calor, y defendió la transición verde no solo como una necesidad ante la emergencia climática, sino también como un motor económico global. Finalmente, Alemania respaldó el fondo amazónico para proteger la selva y se comprometió a destinar una cantidad significativa de recursos financieros a un fondo para combatir la deforestación en países como Brasil y el Congo.
Lo último en la Guerra de Ucrania
El 7 de noviembre, el Organismo Internacional de Energía Atómica anunció que Moscú y Kyiv pactaron un alto al fuego localizado en Zaporiyia para reparar un cable externo de la central nuclear. Sin embargo, el 10 de noviembre, el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que el proceso de paz está estancado y responsabilizó a Kyiv de bloquear el diálogo, mientras Ucrania y sus aliados europeos respondieron que Moscú busca imponer condiciones inaceptables. El 9 de noviembre, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, defendió la alianza estratégica con Occidente y rechazó tensiones con Donald Trump, destacando el papel del rey del Reino Unido, Carlos III, en el acercamiento entre Kyiv y Washington. El 8 de noviembre, Zelensky denunció un ataque ruso con más de 450 drones y 45 misiles que dejó seis muertos y paralizó la generación eléctrica en Kyiv, Poltava y Járkiv, y el 11 de noviembre el Ejército ucraniano confirmó la entrada de más de 300 soldados rusos en Pokrovsk. Ese mismo 8 de noviembre, Rumania informó del hallazgo de restos de drones en su territorio tras ataques contra puertos ucranianos en el Danubio, recordando que cuenta con un sistema avanzado de defensa aérea con apoyo estadounidense. Por otro lado, Reino Unido anunció el envío de tropas y equipo a Bélgica tras incursiones de drones que obligaron a suspender vuelos en Bruselas. Finalmente, el 6 de noviembre, el exsecretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, advirtió que Ucrania enfrentará una “guerra perpetua” si Europa no intensifica su apoyo y propuso la creación de un escudo aéreo en Polonia y una fuerza internacional de protección.
Lo último sobre Israel / Palestina
El 11 de noviembre, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, y anunció la creación de un comité conjunto para apoyar la redacción de la primera Constitución palestina. El plan incluyó aspectos legales e institucionales y se acompañó de una contribución francesa de cien millones de euros en ayuda humanitaria para Gaza. Abbas reiteró su compromiso con un Estado democrático y desarmado y valoró los esfuerzos internacionales para consolidar la paz.
Alemania: destinó 26,500 millones de euros para equipamiento militar y vehículos blindados
El 11 de noviembre, el Ministerio de Finanzas de Alemania precisó que el proyecto, vinculado con el plan militar FASER, busca modernizar a las Fuerzas Armadas y respaldar el aumento de efectivos hasta 460,000 para mediados de la próxima década. Los nuevos vehículos serán fabricados por Rheinmetall y KNDS, como parte del esfuerzo del canciller Friedrich Merz para fortalecer la industria de defensa europea.
Comisión Europea: anunció la creación de una nueva unidad de inteligencia
El 11 de noviembre, la Comisión Europea inició la formación de una unidad de inteligencia destinada a mejorar el uso de la información proveniente de las agencias nacionales. La nueva unidad formará parte de la Secretaría General de la Comisión Europea y buscará integrar a funcionarios de distintos países con el objetivo de coordinar una inteligencia compartida a nivel comunitario.
Reino Unido: el gobierno presentó un plan para endurecer las leyes contra ciberataques
El 12 de noviembre, el gobierno del Reino Unido anunció varias propuestas legales para obligar a las empresas que prestan servicios informáticos y de ciberseguridad a entidades públicas y privadas a cumplir con estándares estrictos de protección digital. La medida respondió a una serie de filtraciones que afectaron al Ministerio de Defensa, a miles de citas médicas del Sistema Nacional de Salud y a ataques recientes contra grandes empresas del país.
UE: exigirá hasta 6,000 millones de euros al Reino Unido para su acceso al fondo de rearme
El 12 de noviembre, la Unión Europea informó sobre la posibilidad de ampliar la participación de empresas británicas en el fondo europeo de armamento SAFE. La propuesta permitiría a compañías del Reino Unido concursar por hasta la mitad de los contratos, frente al límite actual del 35 %, a cambio de una aportación inicial y de una cuota adicional de 150 millones de euros destinada a cubrir costos administrativos.
Zona euro: empeoró la confianza de los inversores
El 10 de noviembre, el índice Sentix de confianza en la inversión dentro de la zona euro cayó a -7.4, por debajo de la previsión de -6.0 estimada por analistas consultados por Reuters. La encuesta realizada a más de mil inversionistas mostró un deterioro tanto en la evaluación de la situación actual como en las expectativas a seis meses.
Reino Unido: tomó decisiones fiscales y monetarias ante la deuda alta y la inflación persistentes
El 6 de noviembre, el Banco de Inglaterra mantuvo sin cambios su tasa de interés en 4 %, rompiendo un patrón de recortes trimestrales debido a una inflación del 3.8 %, casi el doble de su objetivo. La ministra de Hacienda, Rachel Reeves, advirtió sobre posibles aumentos de impuestos en el próximo presupuesto con el fin de reducir la deuda pública. Posteriormente, el 10 de noviembre, la Oficina Nacional de Estadísticas informó que la tasa de desempleo en el Reino Unido alcanzó 5 % en septiembre, su nivel más alto desde 2021.
• Unión Europea: felicitó a Iraq por su jornada electoral y envió una misión de expertos: el 12 de noviembre, la UE felicitó a Iraq por la celebración de sus comicios parlamentarios del 11 de noviembre y consideró la votación como una oportunidad para fortalecer las instituciones y la rendición de cuentas. También reiteró su apoyo a la unidad y estabilidad del país, en medio de disputas regionales. La UE envió una Misión de Expertos Electorales para evaluar el proceso y presentar sus conclusiones a las autoridades iraquíes.
• Unión Europea: celebró un diálogo de ministros con Canadá: el 12 de noviembre, Canadá y Bruselas celebraron en Niágara su cuarta reunión ministerial conjunta, mecanismo de diálogo que reúne a sus ministros de Exteriores. Ambos reafirmaron su alianza en defensa, comercio, energía y transición verde, y renovaron su apoyo a Ucrania y a la paz y seguridad en el Ártico, Gaza y el Indo-Pacífico.
• Consejo de la Unión Europea: aprobó la reducción del 90 % de emisiones para 2040: el 11 de noviembre, el Consejo de la UE alcanzó un acuerdo vinculante de reducción del 90 % de gases de efecto invernadero con respecto a 1990. La decisión incluyó parámetros de flexibilidad como el uso limitado de créditos internacionales de carbono y la incorporación de absorciones permanentes en el régimen de comercio de emisiones. También se estableció una revisión bienal para evaluar los avances y un aplazamiento hasta 2028 del sistema de comercio de emisiones para edificios y transporte por carretera.
• Comisión Europea: relajó sus normas ambientales para pequeños agricultores: el 11 de noviembre, la Comisión Europea redujo los requisitos ecológicos para los productores en un acuerdo para modificar su Política Agrícola Común. El acuerdo eximió a los pequeños agricultores de cumplir con los estándares verdes a cambio de subsidios y aumentó los pagos disponibles para ellos. La Comisión Europea estimó que la reforma ahorrará hasta 1,600 millones de euros anuales y limitará las inspecciones a una anual.
• Comisión Europea: anunció un plan para reducir los tiempos ferroviarios a gran escala: el 6 de noviembre, la Comisión Europea presentó un plan para que las principales ciudades de la UE estén conectadas por trenes que operen a más de doscientos kilómetros por hora en 2040. La propuesta incluye nuevas rutas y modernizaciones y requiere una inversión de 345,000 millones de euros. El plan también contempla medidas para abaratar boletos y facilitar reservas transfronterizas.
• Comisión Europea: la presidenta sostuvo reuniones con Alemania, Suiza y Liechtenstein: el 7 de noviembre, Ursula von der Leyen participó en Berlín en una mesa redonda convocada por el canciller de Alemania para discutir el avance hacia la neutralidad climática y la competitividad industrial. El 10 de noviembre, confirmó en Bruselas el acuerdo para que Suiza vuelva a incorporarse al programa de investigación Horizon Europe. El 12 de noviembre, recibió en Bruselas a Brigitte Haas, ministra de Asuntos Exteriores de Liechtenstein, para revisar tres décadas de cooperación en el marco del Espacio Económico Europeo.
• Comisión Europea: propuso crear un centro para la defensa de la democracia: el 12 de noviembre, la Comisión Europea anunció un plan para establecer un Centro Europeo para la Resistencia Democrática con el objetivo de coordinar la detección y respuesta a intentos de manipulación externa. La propuesta incluye nuevas orientaciones para el uso responsable de la inteligencia artificial en campañas y procesos electorales, así como una actualización legal de las herramientas para combatir la desinformación.
• Alta representante de la Unión: agenda en la reunión de ministros del G-7: el 10 de noviembre, Kaja Kallas viajó a Niágara, Canadá, para tratar los principales retos económicos y de seguridad global. Durante su visita, mantuvo reuniones con la ministra de Exteriores canadiense, Anita Anand, y con representantes de Corea del Sur, India y Australia, además de presidir la reunión del Comité Ministerial Conjunto UE-Canadá. El 12 de noviembre, participó en la reunión de ministros de Exteriores del G-7, donde reafirmó la cooperación ante desafíos globales como la seguridad marítima y la transición energética, y junto con sus homólogos pidió un alto al fuego inmediato en Ucrania.
• Alta representante de la Unión: se reunió con el primer ministro de Grecia: el 6 de noviembre, Kaja Kallas agradeció al primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, por la cooperación del país en la seguridad y defensa europeas. Destacó la participación griega en la operación “Althea”, desplegada en Bosnia y Herzegovina desde 2004, así como en misiones navales en el Mediterráneo y el mar Rojo. Subrayó la necesidad de mantener la presión sobre Rusia mediante sanciones, reforzar el gasto en defensa y celebró la mejora de las relaciones entre Grecia y Türkiye.
• Alta representante de la Unión: ofreció una conferencia de prensa durante su visita a Chipre: el 6 de noviembre, Kaja Kallas ofreció una conferencia conjunta con el ministro de Exteriores de Chipre, Constantinos Kombos, en la que abordó los preparativos del país para asumir la Presidencia del Consejo de la UE en enero. Agradeció a Chipre por su papel humanitario en Gaza, subrayó la necesidad de una solución sostenible al conflicto chipriota bajo los auspicios de la ONU e instó a mantener abierto el diálogo con Türkiye.
• Parlamento Europeo: aprobó el desvío de fondos comunitarios para gastos de defensa: el 6 de noviembre, la Eurocámara y los veintisiete Estados miembros acordaron modificar la normativa para permitir que fondos de programas comunitarios se destinen a inversión en defensa. La reforma incluye iniciativas como la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa, Horizonte Europa y el Fondo Europeo de Defensa, con el objetivo de financiar proyectos militares, fortalecer la industria de defensa de Ucrania y proteger infraestructuras críticas, además de reforzar la resiliencia europea ante amenazas híbridas.
• Parlamento Europeo: desistió de bloquear una parte importante del presupuesto plurianual: el 10 de noviembre, los principales grupos del Parlamento Europeo retiraron su amenaza de rechazar un componente clave del presupuesto a siete años, tras ajustes propuestos por la Comisión en los fondos para la agricultura y las regiones. Los cambios incluyeron una mayor intervención de las autoridades regionales y un papel ampliado del Parlamento en la asignación del gasto.
• Parlamento Europeo: agenda de la presidenta del Parlamento Europeo en su visita a Moldova: el 7 de noviembre, Roberta Metsola inauguró en Chisináu la nueva oficina del Parlamento Europeo en Moldova junto con el presidente del Parlamento del país, Igor Grosu, como símbolo del compromiso con su adhesión a la UE. Ese mismo día, reafirmó que la Eurocámara hará todo lo necesario para apoyar al país en su camino europeo. Metsola también se reunió con el primer ministro Alexei Munteanu, a quien elogió por los avances hacia la integración, y con la presidenta Maia Sandu, quien agradeció el respaldo constante de Bruselas. Además, dialogó con jóvenes, a quienes definió como la esperanza del futuro europeo.
Europa Occidental
• Alemania: congresistas de ultraderecha visitarán Rusia: el 6 de noviembre, dos diputados del partido ultraderechista Alternativa para Alemania anunciaron un viaje a Rusia para asistir a una cumbre sobre cooperación con los BRICS. La noticia generó críticas por sospechas de filtración de información militar, que el partido niega. Los legisladores justificaron el viaje como un esfuerzo para mantener el diálogo y evitar una escalada del conflicto con Moscú.
• Bélgica: prorrogó el período para la aprobación del presupuesto: el 6 de noviembre, el primer ministro Bart De Wever anunció un nuevo plazo hasta fin de año para aprobar el presupuesto de 2026 y evitar, por ahora, la caída de su gobierno. La coalición de cinco partidos no logró un acuerdo para recortar 10,000 millones de euros en gasto público. El país enfrenta presiones para aumentar su inversión en defensa y reducir su déficit, que la Comisión Europea estima en 5.5 % del PIB para 2026.
• Francia: un tribunal puso en libertad al expresidente Sarkozy, tras veinte días en prisión: el 10 de noviembre, un tribunal de París puso en libertad a Nicolas Sarkozy tras cumplir solo veinte días de su condena de cinco años de prisión. Sarkozy fue sentenciado en septiembre por conspiración criminal en la financiación ilícita de su campaña electoral de 2007 por parte de Muamar el Gadafi, el difunto dictador libio. El exmandatario esperará el veredicto de su apelación en su domicilio, bajo supervisión judicial.
• Francia: lanzará una nueva estrategia espacial: el 11 de noviembre, el presidente Emmanuel Macron anunció que presentará una nueva estrategia espacial, al advertir que el espacio ya no es un entorno pacífico. El plan busca reforzar las capacidades militares mediante láseres, interferidores electromagnéticos y satélites de patrulla. Macron inaugurará en Toulouse un centro militar espacial y solicitará una mayor cooperación de la Unión Europea.
• Francia: la Asamblea suspendió la reforma del sistema de pensiones: el 12 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó suspender la polémica reforma de pensiones de 2023, con 255 votos a favor y 146 en contra. La medida, impulsada por el primer ministro Sébastien Lecornu, mantiene la edad mínima de jubilación en 62 años hasta 2027. El acuerdo con los socialistas otorgó mayor margen político al gobierno, aunque complica su objetivo de reducir el déficit en 30,000 millones de euros.
Europa del Sur
• Chipre, España, Grecia e Italia: podrán recibir apoyo de la UE ante sus presiones migratorias: el 11 de noviembre, la UE anunció que el Pacto sobre Migración y Asilo entrará en vigor a mediados de 2026. Grecia, Chipre, España e Italia podrán recibir apoyo ante sus presiones migratorias a través de la Comisión Europea. Los Estados miembros deberán decidir cómo contribuir al fondo de solidaridad, ya sea mediante la acogida de migrantes, aportaciones financieras u otras medidas.
• España: el presidente anunció su intención de gravar los vuelos comerciales: el 7 de octubre, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció planes para gravar los vuelos comerciales en clase premium y los jets privados, con el objetivo de reducir la contaminación del sector aéreo. La iniciativa se coordina con Francia y Kenia y busca destinar parte de los ingresos a países vulnerables al cambio climático. Sánchez subrayó que quienes más contaminan deben contribuir proporcionalmente.
• Grecia: agricultores protestaron por un escándalo de corrupción: el 11 de noviembre, agricultores griegos denunciaron un déficit de 600 millones de euros en ayudas de la UE tras un escándalo de corrupción relacionado con la falsificación de la propiedad de tierras, según sus sindicatos. La protesta se realizó frente al Ministerio de Desarrollo Rural en Atenas. En junio, la UE impuso a Grecia una multa de 392 millones de euros por el mal uso de fondos comunitarios.
• Italia: sindicatos anunciaron una marcha en rechazo al presupuesto público: el 11 de noviembre, el sindicato USB convocó a una huelga general para el 28 de noviembre, seguida de una manifestación en Roma el 29, en rechazo al presupuesto de 2026 del gobierno de Giorgia Meloni y su apoyo a Israel. Las protestas afectarán sectores como transporte, educación y servicios públicos.
• Portugal: sindicatos protestaron por una propuesta de reforma laboral: el 8 de noviembre, decenas de miles de personas se manifestaron en Lisboa contra la propuesta de reforma laboral que, según los sindicatos, amenaza los derechos de los trabajadores. La protesta, convocada por la CGTP, exigió mejores salarios y condiciones laborales. La reforma facilitaría despidos, ampliaría las horas de trabajo y flexibilizaría las restricciones a la subcontratación.
Europa del Este
• Polonia: anunció un nuevo plan de entrenamiento militar para civiles: el 6 de noviembre, el ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, anunció un plan de entrenamiento militar para toda la población que entrará en vigor el 22 de noviembre de 2025. El programa, diseñado para responder a una amenaza que va más allá de las fronteras, incluye formación en seguridad, supervivencia, primeros auxilios y ciberseguridad, y se impartirá los fines de semana.
• Polonia: exministro se ofreció a ser interrogado fuera del país: el 12 de noviembre, el exministro de Justicia Zbigniew Ziobro, acusado de abuso de poder, se ofreció a ser interrogado en Hungría o Bélgica para evitar la prisión preventiva. La propuesta se produjo tras la retirada de su inmunidad parlamentaria la semana anterior.
Estados candidatos a la UE
• Georgia: procesó al ex primer ministro Giorgi Gakharia: el 12 de noviembre, la fiscalía de Georgia acusó a Giorgi Gakharia de abuso de autoridad y de causar lesiones vinculadas con la represión de protestas en junio de 2019 y con la instalación de un puesto de control en la frontera de Osetia del Sur en septiembre del mismo año. Los cargos, anunciados por el fiscal general Giorgi Gvarakidze, conllevan hasta trece años de prisión. Gakharia, primer ministro entre 2019 y 2021, rompió con el partido gobernante Sueño Georgiano y fundó la formación opositora For Georgia, actualmente reprimida.
• Türkiye: emitió una orden de detención contra Benjamin Netanyahu y otros altos cargos de Israel: el 7 de noviembre, la Fiscalía de Türkiye anunció la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y otros 36 responsables israelíes por presuntos crímenes de lesa humanidad y genocidio. Entre los acusados figuran Yisrael Katz, Itamar Ben-Gvir, Eyal Zamir y David Saar Salama, vinculados con las operaciones militares en Gaza y con el ataque contra la denominada “Flotilla Global Sumud”.
• Türkiye: confirmó la muerte de veinte soldados en un accidente aéreo en Georgia: el 12 de noviembre, el Ministerio de Defensa de Türkiye informó que un avión militar C-130 se estrelló en el municipio georgiano de Sighnaghi tras despegar desde Azerbaiyán. Las autoridades turcas y georgianas iniciaron inspecciones para determinar las causas del siniestro, considerado el incidente militar más grave para Ankara desde 2020. El accidente dejó veinte soldados muertos y generó mensajes de condolencias de Azerbaiyán, Georgia, la OTAN y Estados Unidos.
• Ucrania: lleva a cabo numerosas investigaciones contra funcionarios por corrupción: el 11 de noviembre, la oficina anticorrupción de Ucrania inició una investigación por un presunto caso de soborno en el sector energético. Entre los investigados figuran altos funcionarios del gobierno y un empresario vinculado con el presidente Volodymyr Zelensky. Ese mismo día, el gobierno suspendió a su ministro de Justicia, German Galushchenko, y destituyó al Consejo de Supervisión de Energoatom por cargos de corrupción. Otros seis altos funcionarios también fueron imputados.
Otros
• Belarús: busca la normalización de la relación fronteriza con Lituania: el 11 de noviembre, el presidente de Belarús, Alexander Lukashenko, declaró que solicitó al canciller Maksim Rizhenkov organizar contactos con Vilna para restablecer la normalidad en los pasos fronterizos. De acuerdo con la oficina presidencial, Lituania presentó propuestas para resolver la situación y reabrir los puestos de control conjuntos. Actualmente, se estima que alrededor de mil bielorrusos cruzan diariamente hacia Lituania y cerca de 300 lituanos lo hacen en sentido contrario.
• Reino Unido: surgieron rumores de una fuerte fragmentación dentro del Partido Laborista: el 11 de noviembre, en Westminster circularon rumores sobre un posible desafío al liderazgo del primer ministro Keir Starmer dentro del Partido Laborista. Uno de los nombres mencionados como posible sustituto, Wes Streeting, actual secretario de Sanidad, se vio obligado a negar que estuviera preparando una campaña interna. No obstante, Streeting también rechazó la existencia de cualquier complot contra Starmer.
• Kazajstán: conversó con Rusia sobre el efecto de las sanciones de Estados Unidos: el 11 de noviembre, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió en Moscú al presidente de Kazajstán, Kassym-Jomart Tokayev, para discutir las consecuencias de las sanciones estadounidenses contra las empresas energéticas rusas Rosneft y Lukoil, que mantienen fuertes inversiones en Kazajstán. Ambos países prevén firmar una declaración de asociación estratégica destinada a reforzar la cooperación energética y logística.
• China: recibió al rey de España, Felipe VI, en una visita de Estado: el 12 de noviembre, el presidente de China, Xi Jinping, sostuvo un encuentro en Beijing con el rey de España, Felipe VI, quien realizó la primera visita de Estado de un monarca español a China en dieciocho años. La reunión tuvo lugar en el Gran Palacio del Pueblo, donde ambas delegaciones participaron en la ceremonia oficial de bienvenida.
• Países Bajos: condicionó la devolución del control de Nexperia: el 7 de noviembre, el gobierno de Países Bajos manifestó su disposición a retirar la orden que le permitía bloquear o modificar decisiones corporativas en la empresa Nexperia, siempre que China reanudara los envíos de chips. Al día siguiente, el primer ministro Dick Schoof informó durante la cumbre climática COP-30 que China reanudaría los envíos de chips producidos por Nexperia.
• Noruega: identificó el acceso remoto de un fabricante chino a su sistema de buses eléctricos: el 6 de noviembre, la empresa noruega Ruter informó que pruebas técnicas revelaron que el fabricante chino Yutong podía acceder de forma remota a los sistemas de control de sus autobuses eléctricos para realizar actualizaciones y diagnósticos. Ruter anunció que incorporará requisitos de ciberseguridad más estrictos y que trabajará con las autoridades para definir estándares de protección. En paralelo, autoridades danesas comenzaron a evaluar cómo evitar una vulnerabilidad similar tras conocer los resultados de las pruebas realizadas en Noruega.
• Reino Unido: la BBC enfrenta una crisis por la manipulación de un discurso de
• Reino Unido: la BBC enfrenta una crisis por la manipulación de un discurso de Donald Trump: el 11 de noviembre, la BBC afrontó una grave crisis institucional tras admitir un “error de juicio” en la edición de un discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dentro de un documental emitido el año anterior. La alteración del orden de las frases generó la impresión de que Trump incitó directamente al asalto al Capitolio, lo que derivó en una amenaza de demanda por mil millones de dólares. Las dimisiones del director general Tim Davie y de la jefa de Noticias, Deborah Turness, no lograron contener el daño reputacional.
• Estados Unidos: calificó como inaceptable la nueva ley espacial propuesta por la UE: el 5 de noviembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó que el proyecto de Ley Espacial de la Unión Europea impone cargas regulatorias consideradas inadmisibles para las compañías estadounidenses. La Comisión Europea defendió que la legislación busca crear un mercado único del espacio con reglas coordinadas sobre desechos orbitales y ciberseguridad.
• Grecia: firmó su primer contrato de suministro energético de largo plazo con Estados Unidos: el 7 de noviembre, Grecia acordó importar 700 millones de metros cúbicos de gas natural licuado por año a partir de 2030, mediante un contrato de veinte años entre la empresa estatal DEPA, la energética Aktor y la compañía estadounidense Venture Global. Estados Unidos reconoció el compromiso europeo de sustituir completamente el gas ruso antes de 2027.
• Hungría: Estados Unidos abrió la posibilidad de aceptar sus compras de energía rusa: el 7 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y afirmó que estudiaría permitir que Hungría importe petróleo y gas rusos debido a las dificultades logísticas del país. El 8 de noviembre, Budapest aclaró que la exención tendría carácter permanente, después de que un funcionario estadounidense indicara que sería solo por un año. El 10 de noviembre, la Comisión Europea declaró que Hungría y Eslovaquia están exentas de la prohibición de importar petróleo ruso.
• México: recibió la visita del presidente de Francia: el 7 de noviembre, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ambos coincidieron en que la lucha contra el narcotráfico debe respetar la soberanía de los Estados. El encuentro incluyó la creación de un grupo de trabajo cultural y acuerdos para la exhibición de códices en ambos países, además de diversos compromisos para ampliar las inversiones en sectores como la aeronáutica, la energía y la salud.
• España: priorizó la normalización de las relaciones con México: el 9 de noviembre, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, declaró que la normalización de los vínculos con México constituye una prioridad diplomática. La estrategia coincidió con gestos de acercamiento del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien reconoció las injusticias sufridas por los pueblos originarios durante la Conquista.
• Unión Europea: ¿cuáles son las consecuencias de la desigualdad regional?: en Euronews, Servet Yanatma advierte que, aunque la Unión Europea comparte valores y una cultura comunes, mantiene una profunda brecha de ingresos entre Occidente y Oriente. En 2024, la renta mediana osciló entre tres euros en Albania y 51 euros en Luxemburgo, lo que evidencia importantes desigualdades estructurales. Los países con sectores tecnológicos y financieros ofrecen mayores remuneraciones, mientras que aquellos dependientes de la agricultura o de servicios básicos permanecen rezagados.
• Unión Europea: ¿qué debe hacer ante la estrategia de guerra de Rusia?: en el European Council on Foreign Affairs, Anton Barbashin sostiene que, frente a la indecisión de Donald Trump y la estrategia rusa de desgaste, la Unión Europea debe prepararse para un conflicto prolongado. Argumenta que la única respuesta racional es adoptar una estrategia de resistencia de largo plazo y propone un plan quinquenal que garantice un apoyo militar y económico sostenido a Ucrania.
• Países Bajos: ¿qué significan los resultados de las pasadas elecciones?: en Foreign Policy, Stan Veuger argumenta que las elecciones en Países Bajos representaron un cambio generacional, en el que una nueva élite de millennials reemplazó a los líderes anteriores y redefinió las prioridades del país. Esta generación impulsa una agenda centrada en un gasto público más flexible, mayor inversión en defensa, soluciones al problema de la vivienda y una visión más pragmática sobre Europa.
El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) y la Unidad de Estudio y Reflexión sobre China, presentan el análisis: “El papel de China en materia de comercio e inversiones con los países de América del Norte".
El documento analiza cómo China se ha convertido en un actor central en la economía global y su presencia impacta directamente en América del Norte. Mientras Estados Unidos de América y Canadá endurecen regulaciones frente a capital chino en sectores estratégicos, México enfrenta señales contradictorias: recibe inversiones en manufactura, electrónica y automotriz, pero también impone aranceles y frena proyectos por presiones de Washington.
El análisis ofrece un diagnóstico, escenarios posibles y recomendaciones clave, enfatizando que México debe construir una narrativa estratégica que combine la estabilidad del T-MEC con la innovación y el financiamiento ofrecidos por China. Solo un enfoque pragmático, claro y coherente permitirá reducir vulnerabilidades, fortalecer cadenas de valor y proyectar a México como socio confiable y competitivo en la economía global.
El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) y el Instituto México del Wilson Center presentan Aligning Parallel Paths: Recommendations for US–Mexico Collaboration to Address the Root Causes of Irregular Migration from Northern Central America. Este documento es el resultado de un trabajo conjunto, en el que se exploran las diversas políticas con las que México y Estados Unidos han buscado atender el fenómeno migratorio en el Triángulo Norte de Centroamérica y se identifican posibilidades de que ambos gobiernos alinien sus esfuerzos, en sintonía con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, para agregar valor a sus programas nacionales y promover un desarrollo sostenible en la región. Se presentan cinco recomendaciones principales que enfatizan la necesidad de mantener un diálogo permanente y profundizar la cooperación en áreas prioritarias para el desarrollo con el propósito de abordar de manera más eficaz las causas estructurales de la migración.
Este policy brief ofrece así una propuesta de colaboración bilateral y regional que constituya una verdadera alianza estratégica, un frente unido hacia el logro de metas compartidas para ampliar el impacto de las diversas iniciativas en el largo plazo y complementar los objetivos de cada uno de los participantes.
Este estudio se basa en conversaciones y entrevistas con representantes de gobiernos, organizaciones internacionales, sector privado, organizaciones de la sociedad civil y la academia, además de investigaciones y análisis realizados por los autores.
Mexico Institute del Wilson Center busca mejorar el entendimiento, la comunicación y la cooperación entre México y Estados Unidos mediante la promoción de investigaciones originales, el fomento del debate público y la propuesta de opciones de políticas para mejorar la relación bilateral.
El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, está dedicado al estudio, análisis y diálogo sobre el acontecer internacional y global, para generar ideas que nos abran México al mundo, a través del debate y la producción de información y propuestas que contribuyan al mejor entendimiento del mundo e incidan en la formulación de políticas para beneficio de México y del mundo.
Con casi 1,400 kilómetros de longitud, la frontera entre Sudán y Chad es una de las más extensas en ese rincón del continente africano, una de las más áridas y por ende de las más pobres, aunque también, contradictoriamente, una de las más ricas, en minerales de alto valor mercantil como el oro y el cobalto, particularmente en torno a la región sudanesa de Darfur. Una frontera, sobre todo, invisible al resto del mundo, en donde se desarrolla la más grave crisis humanitaria de la actualidad, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas
Desde abril de 2023, como resultado de los sangrientos enfrentamientos entre el ejército regular sudanés y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, o RSF, por sus siglas en inglés, la nación africana está enfrascada en una interminable guerra que se ha saldado, con particular saña, con la población civil del país. Según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, 4 millones de sudaneses han huido de Sudán para escapar de la espiral de violencia, alrededor de 1 millón de ellos, en su abrumante mayoría mujeres y menores de edad, la han hecho al vecino Chad.
Con un producto interno bruto de cerca de 20 mil millones de dólares, de acuerdo a estimaciones del Banco Mundial, Chad es, junto a Níger y la República Centroafricana, ambos dos también vecinos, uno de los países más pobres del continente. La llegada masiva de refugiados sudaneses a sus tradicionalmente paupérrimas y abandonadas provincias orientales ha generado a lo largo del último año y medio una creciente presión social, económica y política en la antigua colonia francesa.
Un informe dado a conocer en abril de este año por parte del reconocido centro de investigación geopolítica International Crisis Group al respecto de la situación en la frontera entre Chad y Sudán, indica que la población de la provincia chadiana de Ouaddaï, vecina a Sudán, se ha incrementado en cerca de 60% durante los últimos dos años a raíz del inesperado arribo de cientos de miles de refugiados sudaneses. La ONU afirma que, en promedio, 1,400 sudaneses cruzan la frontera entre ambos países diariamente. Una situación que está llevando al Chad, un país con recursos sumamente escasos, al límite, generando enfrentamientos entre la población local y la población refugiada y aumentando peligrosamente la presión sobre el delicado acceso al agua, al alimento y al combustible en la región.
La frontera entre Chad y Sudán es la protagonista de la mayor crisis humanitaria de nuestros días, una de las crisis quizá más ignoradas e invisibles para el mundo y, sin embargo, una de las que más requiere de su inmediata acción y asistencia. Ante los abrumantes recortes presupuestales que sufren las principales organizaciones humanitarias del orbe como resultado de la política aislacionista y beligerante de países donantes como Estados Unidos, es más necesario que nunca que desde México y América Latina tendamos la mano al África que más lo necesita.
Se ha logrado avanzar en un plan de paz para Gaza ante 24 meses de debacle profunda entre Hamás e Israel gracias al involucramiento y presión directa de Estados Unidos, pero también gracias a la mediación de Egipto, Turquía y Qatar. Tres países árabes sin los cuales, ni Israel ni Estados Unidos hubieran logrado alcanzar el acuerdo. Aún quedan dudas e incógnitas sobre si será o no una paz duradera, pero al menos hay un tanque de oxígeno de buenas noticias.
Ahora bien, se resuelve un conflicto, pero siguen otros donde algunos son más visibles que otros. Sin embargo, esto no es precisamente la paz a nivel internacional, es más ni siquiera estoy segura de que haya paz a nivel regional en Medio Oriente. Amplificando la imagen de un mapa de Europa, pongamos la mirada en Ucrania.
Hace veinte meses escribí sobre el “vulcanismo PUTINiano” ante la invasión rusa en Ucrania ya que la guerra avanzaba sin que se hiciera caso a las fumarolas lanzadas por Kyiv intentando poner a la conversación que dicha agresión no solo se trataba de un solo país sino de una erupción volcánica que flagela la paz y la seguridad internacionales. También he puesto a la conversación mediática de que Ucrania se encuentra entre el neocolonismo de dos neopopulistas y neoimperialistas, refiriéndome a Trump y Putin. Pero el calendario avanza y el tiempo no se detiene. Todo esto me lleva a pensar que estamos en una especie de demencia internacional con la guerra Rusia-Ucrania.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud la demencia es un término que engloba varias enfermedades afectando a la memoria, el pensamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas y consta de siete etapas. Me preocupa profundamente que se ha llegado a la última fase en un abrir y cerrar de ojos y no vemos la paz por ningún lado ni siquiera con un pestañeo. El pueblo ucraniano tiene muchas dudas de cómo sí se ha logrado un acuerdo de paz en Medio Oriente, pero en su país no. Mi reflexión es porque no ha sido suficiente la voluntad y la determinación de alguna de las partes.
Las etapas de la agresión rusa en territorio ucraniano se asimilan a las de la demencia.
Etapa 1: No hay deterioro cognitivo.
“Se diagnostica” a partir del siglo IX cuando Kyiv (la actual capital ucraniana) era el epicentro del primer Estado eslavo, creado por un grupo de escandinavos que se hacían llamar Rus. Este Estado medieval -que los historiadores llaman Kyivan Rus- fue el origen tanto de Rusia como de Ucrania.
Fase 2: Deterioro cognitivo muy leve.
La República Socialista Soviética de Ucrania se convirtió en miembro fundador de la Unión Soviética en 1922.
Fase 3: Deterioro cognitivo leve.
Ucrania occidental fue tomada finalmente por el líder soviético Iósif Stalin de Polonia al final de la Segunda Guerra Mundial.
Fase 4: Declive cognitivo moderado.
Desintegración de la Unión Soviética en 15 repúblicas. Ucrania logra su independencia en 1991.
Antes del 2014, todo parecía que podía existir una cohabitación de ideologías políticas opuestas en Ucrania y Rusia pero este último país decidió de manera unilateral anexarse Crimea.
Estadio 6: Deterioro cognitivo grave.
Aunque no hubo una declaración de guerra de Rusia contra Ucrania y bajo el paraguas de que la región de Donbás se identificaba más con la cultura rusa, el inquilino del Palacio del Kremlin decidió violar el derecho internacional al invadir el territorio ucraniano. Aquel 24 de febrero del 2022 quedará plasmada con sangre en todos los libros de las relaciones internacionales.
Estadio 7: Deterioro cognitivo muy grave.
La guerra puede terminar mucho peor de lo imaginable.
¿Será que veamos que la diplomacia hacia este conflicto ha fracasado como si fuera una enfermedad neurodegenerativa, es decir, que empeora con el paso del tiempo?
El Corredor de Zangezur, ahora denominado TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity), de 43 kms. Redibuja a Eurasia. Respaldado por Turquía y Azerbaiyán, con oposición de Armenia e Irán, Rusia lo ve con nerviosismo, Europa y China actúan con cautela. No es una ferrovía local. Se integra al denominado Corredor Medio (Middle Corridor) que comunica a China con Europa, vía terrestre –evitando a Rusia en el trasiego de mercancías–. La diplomacia gestiona un corredor que promete prosperidad o genera grandes peligros. Se traza el futuro de la región.
El 8 de agosto, Armenia y Azerbaiyán adoptaron en Washington, D.C, EU, una declaración atestiguando que sus Cancilleres rubricaran el Acuerdo para Establecer la Paz y Relaciones Inter-Estatales. Contrario a mucha difusión mediática, no se firmó ni ratificó tratado alguno, y menos aún entró en vigor.
Un dato relevante es que ocurrió en Washington, no en Moscú. El imperio que una vez dictó cada movimiento en la región está siendo desplazado con efectos ampliados. Por 30 años, con apoyo de Rusia, Armenia ocupó militarmente 20% de territorio azerbaiyano.
En 2020, Azerbaiyán recuperó gran parte, en 2023 –con Moscú distraída en Ucrania– recobró la totalidad. Armenia presenció el cambio. Rusia no era más el garante que antes fue. Recordemos que, tras desaparecer la URSS en 1991, para 2006, nuevos oleoductos de Kazajistán y Azerbaiyán rompieron el monopolio ruso sobre hidrocarburos del Cáucaso. Para 2020, igual ocurrió con el gas. El patio trasero ruso se vuelve jardín de juegos.
Con TRIPP, Asia Central desarrolla vínculos logísticos y de transporte para ampliar el flujo de mercancías entre China y Europa. Armenia teme perder soberanía, ya que Azerbaiyán se unirá con su exclave Nakchiván, y de ahí con Türkiye —corredor que amenaza marginar a Rusia e Irán del comercio euroasiático.
En 2022, tras la Segunda Guerra de Karabakh, ante un posible Corredor, Irán, igualmente preocupado por lazos Azerbaiyán-Israel, batió tambores y efectuó agresivos ejercicios militares en frontera con Azerbaiyán. Irán rechaza TRIPP pues participará ni beneficiará en el intercambio, y señala que lo bloqueará —con o sin apoyo ruso— y no quede aislado de Armenia, no socave la integridad territorial de esta y menos permita presencia de tropas extranjeras cerca de sus fronteras.
El rubricado acuerdo de paz se logró porque Armenia y Azerbaiyán se sentaron sin presencia de terceros (sin Rusia, EU, la Unión Europea). Türkiye lo apoya plenamente —incrementará participación en comercio con mayor presencia en Asia Central. La Unión Europea confía no haya complicaciones para que el petróleo, gas, mercancías y energía fluyan hacia ella sin interrupción. China observa atenta para un mayor flujo de mercancías hacia Europa.
Por otra parte, Rusia busca mejorar la relación con Azerbaiyán. Putin admitió 9OCT que Rusia es responsable de derribar 25DIC2024 un avión comercial azerbaiyano que dejó 38 muertos. Añadió podría haber compensación, sin embargo, tras la debida investigación jurídica.
Con la declaración de Washington el capítulo ruso parece cerrarse, EUA muestra interés pero falta confirmar si habrá de plantarse claramente en el Cáucaso. Todo, porque dos países se pusieron de acuerdo tras una guerra de más de 30 años. Un significativo cambio de paradigma.
El ruido era el mismo cada noche. Un rugido lejano, metálico, que sacudía las ventanas. En la casa de doña María, en una colonia del norte de Sonora, nadie sabía si era el tren o los disparos.
Su hijo, Luis, de veintidós años, decidió irse “al otro lado” porque en el taller donde trabajaba ya no quedaban clientes: la carretera se volvió zona de nadie. En menos de dos años, el negocio cerró, el transporte subió de precio y los camiones dejaron de llegar por miedo a los bloqueos.
Lo que parecía un problema lejano —las rutas del narco, el fentanilo, las armas— terminó vaciando una comunidad entera.
Por eso la relación con Estados Unidos en materia de seguridad sí importa, aunque a veces parezca una discusión entre cancillerías. Lo que se decide en una mesa binacional termina afectando la vida cotidiana: la seguridad en las calles, el empleo, la posibilidad de que un hijo encuentre futuro o de que una madre pueda dormir tranquila.
La violencia en México no ocurre en el vacío. Se alimenta del flujo constante de dinero, armas y drogas que cruzan la frontera en ambas direcciones: de un lado, las pastillas de fentanilo; del otro, los rifles de asalto y los dólares ilícitos. Interrumpir ese circuito es el sentido real de la cooperación.
Hoy esa cooperación atraviesa una nueva etapa. Misión Cortafuegos marcó un punto de inflexión: un acuerdo para frenar el tráfico de armas hacia México y fortalecer la inspección en puertos, aeropuertos y cruces fronterizos. Incluye rastreo balístico, intercambio de inteligencia y la extensión del sistema eTrace a los 32 estados. EU intensificó las revisiones en sus puntos de salida para evitar que el mismo mercado que abastece su consumo interno alimente la violencia en el sur.
A esto se suma el Grupo de Implementación de Seguridad México–EU, que revisa los avances en drogas, armas, finanzas ilícitas y robo de combustible. En sus primeros reportes se documentan más de 18 000 detenidos, 144 toneladas de droga —1.5 de fentanilo y más de dos millones de pastillas—, 9 600 armas decomisadas y 839 laboratorios clandestinos desmantelados. Son cifras que muestran resultados, pero también la escala del reto: cada decomiso es solo una parte visible de una red que se regenera y se adapta.
El cambio más profundo está en el método. Por primera vez, la cooperación se apoya más en inteligencia, trazabilidad y control financiero que en despliegue militar. Se cruzan bases de datos balísticas, se rastrean precursores químicos y se comparten patrones financieros. El objetivo ya no es capturar más, sino desmantelar las redes que sostienen al crimen.
Y nada de eso funciona sin confianza. Compartir información sensible o planear extradiciones exige creer que el otro país no filtrará ni manipulará lo que recibe. Esa confianza no se decreta: se construye con tiempo y resultados. Después de años de tensiones, hoy hay señales claras de cooperación renovada entre agencias civiles, militares y fiscales de ambos lados.
En paralelo, se reforzaron los mecanismos de inteligencia financiera y el intercambio aduanero para identificar embarques sospechosos. También se incorporó el robo de hidrocarburos como prioridad binacional y se modernizaron los sistemas de inspección con sensores químicos y rayos gamma que permiten combatir el contrabando sin afectar el comercio legítimo.
¿Por qué debería importarle todo esto a la gente? Porque cada arma que no cruza la frontera es un asalto menos en alguna ciudad; cada laboratorio desmantelado, una familia menos en riesgo; cada dólar ilícito rastreado, un golpe a la economía del crimen. Cuando México y Estados Unidos cooperan con respeto y confianza, los resultados no se miden en comunicados, sino en vidas protegidas.
Doña María lo sabe sin leer informes. Cada vez que su hijo la llama desde Tucson, le dice que sueña con volver sin miedo. Esa es la verdadera frontera: no la que divide países, sino la que separa el miedo de la esperanza. Y cruzarla solo será posible si ambos lados la cuidan juntos.
La inminente revisión del T-MEC llega en un momento de alta tensión global. Estados Unidos busca fortalecer su posición comercial endureciendo aranceles y reglas de origen, mientras México intenta conservar su papel como socio estratégico en la región. En este entorno, el sector de autopartes —responsable de más del 20 % de las exportaciones nacionales y pieza esencial del entramado automotriz norteamericano— se coloca en el centro de la revisión.
Frente a ello, el país enfrenta una disyuntiva: preservar su integración con Estados Unidos y Canadá o reestructurar parcialmente su proveeduría global. Las autopartes no pueden trasladarse de un país a otro de la noche a la mañana; cada línea de producción requiere años de planeación, inversión y logística. Pretender reubicar fábricas o sustituir insumos de forma inmediata es, sencillamente, inviable. Por eso, México debe insistir en certidumbre, gradualidad y diálogo.
Sin embargo, también hay un lado luminoso. La electromovilidad y el desarrollo de software automotriz ofrecen una ventaja comparativa a México. Regiones como el Bajío y Occidente concentran talento joven y técnico, capaz de adaptarse a las nuevas demandas de digitalización y energía limpia. Esta transición podría convertirse en la gran oportunidad para reposicionar al país como líder en innovación dentro de la cadena automotriz de Norteamérica.
La colaboración con la Secretaría de Economía y la puesta en marcha de un programa de desarrollo de proveedores —que ya suma 55 empresas y busca incorporar 250 más en 2026— son pasos en la dirección correcta. Este esfuerzo, apoyado por Nafin, Bancomext y el Banco Mundial, permitirá sustituir progresivamente insumos importados y fortalecer la proveeduría local.
No obstante, la política comercial requiere sensibilidad: aplicar aranceles de manera indiscriminada podría perjudicar al consumidor final, elevando los precios de las refacciones y reduciendo la calidad. Por eso, el equilibrio entre proteger la industria y mantener la competitividad será el gran reto de esta revisión.
En este contexto, la certidumbre se vuelve un activo estratégico. Las decisiones de inversión no se toman en semanas, sino en años. Cada anuncio de una nueva planta o línea de producción refleja confianza en el entorno económico y político. México debe enviar una señal clara de estabilidad regulatoria y compromiso con la competitividad regional. Esto implica coordinación entre gobierno, industria y academia para impulsar innovación, energía limpia y talento técnico.
México no parte de cero ni de debilidad. Su red de talento, la experiencia acumulada en tres décadas de integración y su posición geográfica lo colocan como un actor indispensable. En un contexto de proteccionismo y reacomodo global, el país tiene la oportunidad de convertir la presión en estrategia: consolidar una industria de autopartes más tecnológica, sustentable y regionalmente fuerte. El reto es grande, pero también lo es la oportunidad de consolidar a México como el corazón productivo de Norteamérica.
